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Los recursos que provienen del sector extractivo, principalmente el minero e hidrocarburos, han mostrado un crecimiento importante como inesperado. Por ejemplo, solo en el 2007 el sector de la minería e hidrocarburos representó el 35% de los tributos internos recaudados por la SUNAT, el 55% de impuesto a la renta y el 70% del valor total de nuestras exportaciones. Este panorama fue muy distinto al que se registró en el año 2000, donde el sector de la minería e hidrocarburos representó el 13% de los tributos internos, el 12% de impuesto a la renta y el 50% del valor total de nuestras exportaciones.

También hay que agregar que por ley, el Gobierno Central distribuye parte de lo recaudado al sector, bajo el sistema del canon, y estos recursos representaron entre los años 2006 al 2009, poco mas de US$ 5.000 millones de recursos para inversiones de las municipalidades y gobiernos regionales, estimándose que para el 2010 estos recursos alcancen los US$ 1.700 millones. A esta bonanza de recursos se le conoce como el «boom extractivo». Este escenario ha ocasionado una dependencia por la transferencia de estos recursos. De acuerdo al Boletín de Transparencia Fiscal, las transferencias por canon minero a las municipalidades en el 2000 representaban el 3% del total de transferencias realizadas por el gobierno central. Este porcentaje se elevó en el 2009 a 44%, e incluso en muchas municipalidades de Ancash, Moquegua, Tacna o Piura, este porcentaje está por encima del 70%.

Sin embargo, a la par de dichas cifras económicas, también mencionamos que se suscitaron una serie de conflictos relacionados con la actividad extractiva. Los diversos reportes de la Defensoría del Pueblo dan cuenta de que casi la mitad de los conflictos se explican por la presencia de la actividad extractiva en la zona. A los reclamos por el impacto al medio ambiente que tiene el sector en las regiones se le suma no sólo la poca transparencia que existe, sino además los casi nulos espacios de participación. Distintas iniciativas por aumentar la transparencia e incrementar la participación chocan con el ímpetu de los continuos gobiernos, de Fujimori hasta García, que prefieren velar por la llegada de inversiones que les asegure a futuro importantes recursos fiscales.

El presente manual ha sido elaborado para ayudar a responder las preguntas que surgen cuando buscamos solucionar legalmente un problema, en especial si este está relacionado con nuestro medio ambiente, la protección de la salud pública o con los recursos naturales.

De esta manera, el manual brinda información detallada sobre las principales acciones legales que se pueden seguir cuando nuestros derechos ambientales se ven afectados, por ejemplo, por la contaminación de los ríos, lagos, cochas, quebradas, la suciedad de las calles, la contaminación del aire, la depredación de nuestros recursos naturales, entre muchas otras causas. Así también, el manual explica cuáles son las acciones que se pueden impulsar en el ámbito administrativo o judicial (constitucional, penal, civil, y contencioso – administrativo),
por lo que busca brindar información que facilite la toma de decisiones sobre la vía más rápida y efectiva para la defensa del ambiente y los recursos naturales.

Los planes analizados corresponden a los partidos Fuerza Popular, Peruanos por el Kambio, Alianza Para el Progreso, Alianza Popular, Perú Posible, Todos por el Perú, Frente Amplio y Acción Popular.

Sin embargo, la SPDA resalta que algunas agrupaciones políticas no tienen clara la diferencia entre la minería informal e ilegal y proponen la formalización de los mineros ilegales entre sus propuestas.

Los partidos también cuestionan el proceso de formalización y las acciones de interdicción emprendidas por el actual gobierno, pero no presentan medidas que permitan solucionar problemas de fondo como el ordenamiento territorial o la lucha integral contra la minería ilegal a nivel multisectorial y de forma descentralizada, considerando toda la cadena de ilegalidad que desarrolla.

La descentralización fiscal es el proceso por el cual los gobiernos subnacionales adquieren atribuciones y responsabilidades fiscales que les permiten alcanzar un mayor nivel de autonomía en el financiamiento de sus ingresos y, por lo tanto, en las decisiones sobre el destino de sus gastos. En este sentido, mediante la descentralización fiscal los gobiernos regionales y las municipalidades podrían predecir de mejor manera el flujo futuro de sus ingresos, tener la posibilidad de recaudar algunos impuestos e, incluso, llegar a establecer los objetivos, montos y mecanismos de estos.

El principal beneficio de estas atribuciones fiscales consiste en que los gobiernos subnacionales obtienen mayor autonomía financiera para diseñar y ejecutar políticas públicas que respondan adecuadamente a las necesidades de las poblaciones que viven en sus respectivas jurisdicciones. Al respecto, la experiencia internacional muestra que los procesos de descentralización fiscal han generado mejoras sustanciales en la calidad y cobertura de servicios como salud y educación.

Con este producto, la SPDA busca -de manera creativa- generar conciencia sobre la importancia de cuidar nuestros ecosistemas y el poder que tenemos todos los ciudadanos de actuar ante las amenazas que estos afrontan, ya sea a través de la promoción de actividades sostenibles o poniendo freno a actividades ilegales.

Este primer ejemplar se centra en uno de los principales problemas que afrontan nuestros bosques: la tala ilegal. La historieta nos cuenta la historia de una familia que ante la amenaza a su forma de vida, por parte de taladores ilegales, decide acudir a las autoridades para hacer respetar sus derechos.