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Escriben: Carol Mora y Fátima Contreras / Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA

 

En la última semana, se han vertido declaraciones de oposición y una fuerte corriente de desinformación en torno a la necesidad de que el Congreso de la República priorice la ratificación del Acuerdo de Escazú.

El Acuerdo de Escazú es un instrumento regional sobre los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales para América Latina y el Caribe, suscrito por el Perú en setiembre de 2018 y que espera su ratificación en el Congreso de la República desde agosto de 2019. Desde la fase preparatoria, el Perú ha tenido un rol protagónico en el impulso del acuerdo, demostrando siempre el consenso multisectorial en pro del interés público y la defensa de los derechos de la ciudadanía.

Desde la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), estamos convencidas y convencidos de que este instrumento marcó un hito histórico para nuestro país y para la región en cuanto a los esfuerzos empleados para promover la construcción de una sólida democracia ambiental, que tiene como cimientos la transparencia, la rendición de cuentas, la toma de decisiones participativa e inclusiva y la defensa de los derechos ambientales.

El acuerdo demuestra el interés de la comunidad internacional por alinear estándares y armonizar la legislación y los principios en materia ambiental, lo cual es totalmente compatible con los esfuerzos de desarrollo económico y recuperación social que tanto necesitamos en estos momentos.

Con el fin de sumar al debate y propagar información responsable, la SPDA aclara a continuación los mitos y verdades del Acuerdo de Escazú. No se debe permitir que se sigan tejiendo argumentos sin sustento que intentan frenar este acuerdo en una etapa tan estratégica y avanzada rumbo al fortalecimiento de la institucionalidad interna y de mejores niveles de desempeño en la comunidad internacional.

[Revisa además la opinión legal de la SPDA sobre el Acuerdo de Escazú enviada al Congreso de la República]

Foto: SPDA

1. El Acuerdo de Escazú atenta contra la soberanía de más del 50% del territorio nacional

Esta afirmación es un MITO.

¿Cuál es la VERDAD?

  • La implementación del Acuerdo de Escazú se guía por dos principios clave que garantizan la soberanía de los Estados parte: el principio de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales, y el principio de igualdad soberana de los Estados. El acuerdo no intenta desconocer la soberanía de los Estados; es más, una vez entre en vigor para nuestro país, este formará parte de nuestro ordenamiento jurídico.
  • El acuerdo incluye, de manera expresa, que las medidas de garantía respecto de cada derecho se realizan según su marco de legislación nacional; es decir, se respetan los estándares nacionales adoptados.
  • El Acuerdo de Escazú promueve la cooperación y colaboración entre los Estados, y en situaciones de controversia promueve la negociación.
  • El Perú mantiene su soberanía, y ha sido justamente en nombre de esa soberanía que ha decidido elevar sus niveles de protección en materia de democracia y defensores ambientales. En el ámbito interno, la tarea es seguir implementando mecanismos efectivos para la defensa de los derechos involucrados.

[Ver además ► [Opinión] Defensores ambientales: ¿por qué el Congreso debe ratificar el Acuerdo de Escazú?]

Acuerdo de Escazú fue firmado en el 2018. Foto: CEPAL

2. El Acuerdo de Escazú es un tratado radical

Esto es un MITO.

¿Cuál es la VERDAD?

  • El Acuerdo de Escazú es un tratado visionario que busca incentivar a los países de América Latina y el Caribe aspirar a mejores estándares de ejercicio de los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales. De hecho, el prefacio que acompaña el acuerdo suscrito por Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se refiere al acuerdo como “visionario y sin precedente”.
  • Los estándares a los que hace mención el Acuerdo de Escazú son producto de un proceso de negociación de cuatro años entre los países de la región y no representa ninguna imposición, el cual ha sido abiertamente transparente y en donde diversas gestiones han estado involucradas. Por tanto, el tratado refleja la intención, la ambición y las prioridades de los países de la región. Antes de la remisión del expediente al Congreso de la República, el acuerdo recibió el informe favorable de 13 autoridades, incluyendo el Ministerio de Relaciones Exteriores.

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3. El Acuerdo de Escazú indica que el país será sometido a cortes internacionales como el de La Haya para la resolución de conflictos

Esto es un MITO.

¿Cuál es la VERDAD?

  • En el artículo 19° del Acuerdo de Escazú, sobre la solución de controversias, se establece que en caso surja una controversia entre dos o más países, respecto de la interpretación o de la aplicación del acuerdo no resueltas por negociación u otro medio de solución de controversias, ambas partes podrán someter estas a la Corte Internacional de Justicia o a un arbitraje. Además, es importante mencionar que este artículo tomó como referencia el punto 66 de la Convención de Viena sobre el derecho de tratados.
  • La Corte Internacional de la Haya resolverá un conflicto entre los Estados. Los demás conflictos asociados al acuerdo se seguirán resolviendo en las vías internas y en las instancias internacionales como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
  • En todo caso, someterse a fueros internacionales justamente implica que en el marco de nuestra soberanía nacional nos sometemos a dichas instancias como parte de nuestro rol en la comunidad internacional. Bajo la lógica del mito, Perú nunca firmaría tratados, acuerdos, ni ningún tipo de instrumento internacional

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4. El Acuerdo de Escaz