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La publicación analiza el estado de la política pública nacional sobre personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales (PDA), a la luz del enfoque del desarrollo humano o enfoque de la capacidad o de las capacidades humanas que propone Martha Nussbaum. Asimismo, se brinda un análisis de las brechas institucionales y de gobernanza que deben ser atendidas para poder afirmar que esta política ha sido diseñada desde el enfoque del desarrollo humano.

En el presente documento, la SPDA analiza el Proyecto de Ley 3377/2022, “Proyecto de Ley que establece el régimen de solicitud y otorgamiento de concesiones mineras en las zonas de pequeña minería y minería artesanal en el departamento de Madre de Dios”. Se tomaron en cuenta antecedentes y actual contexto que vive la región amazónica, con el soporte de una base jurídica e investigaciones.

El objetivo de este informe fue determinar si existen diferencias estadísticamente significativas en diversidad y abundancia entre los sitios donde se reporta uso frecuente de explosivos, en comparación a sitios donde se presumen que no se emplean explosivos. Para ello, se realizó una serie de análisis comparativo entre pares, diferenciando estaciones de muestreo y profundidades.

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental ha desarrollado el siguiente documento que reúne información e instrumentos legales para ayudar a la protección de las personas defensoras de derechos humanos dedicadas a la protección del ambiente y el territorio en Perú.

Con ello, y a través de una serie de capacitaciones, buscamos contribuir a mejorar el acceso de quienes defienden el ambiente y el territorio a los mecanismos de protección y justicia

Esta investigación de Yuri Hooker y Adriana Zavala evalúan las poblaciones de especies encontradas en la plataforma MX1, ubicada en Los Órganos, Piura. Considerando solo a las especies dominantes y residentes, los científicos estiman que este arrecife artificial puede mantener una población superior a los 56 mil peces, y que su posible extracción tendría un impacto sobre las especies que habitan la estructura, afectando a los pescadores artesanales que la usan como sitio de pesca, así como al sector turismo.

Esta publicación documenta el proceso que siguieron el Consejo Harakbut Yine Matsiguenka (Coharyima), junto con la SPDA y el Indecopi, para el registro oficial de los conocimientos tradicionales de la comunidad nativa Santa Rosa de Huacaria. En la mayoría de estos casos, se registró el uso de plantas medicinales que, durante generaciones, han servido para prevenir y curar diversas enfermedades.

A través de la experiencia de sus protagonistas, este documento persigue otros dos objetivos: identificar posibles oportunidades de mejora en el sistema de registro, así como animar a más comunidades y organizaciones a involucrarse con la protección de los conocimientos tradicionales.

Considerando la intención del Ministerio Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) de presentar propuestas legislativas en el marco de la delegación de facultades al ejecutivo, especialistas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) analizaron la viabilidad de estas propuestas y plantean consideraciones para los tomadores de decisión para la optimización de los procesos de certificación ambiental sin la necesidad de flexibilizar estándares ambientales ni la propia institucionalidad ambiental en los proyectos del sector agrario.

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) analizó el proyecto de ley 04642/2022-PE, el cual propone la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura que absorbería a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.
Este informe desarrolla temas relevantes que, en caso la propuesta legislativa llegue a ser aprobada, deben ser garantizados, como la importancia de contribuir con el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental y con la inclusión del enfoque e implementación de la infraestructura natural y gris, especialmente para atender los desafíos de adaptación y mitigación para el cambio climático en el desarrollo de infraestructura

Áreas protegidas bajo amenaza: Proyecto de ley implica un retroceso en la protección de nuestra biodiversidad, presenta la Opinión Legal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental al Proyecto de Ley remitido por el Ministerio de Energía y Minas para modificar la Ley N° 26834, “Ley de Áreas Naturales Protegidas”. La SPDA analiza y presenta los argumentos por las cuales este Proyecto de Ley significaría un retroceso inconstitucional de la institucionalidad y de los mecanismos de protección de la biodiversidad desarrollados en nuestro país desde hace más de 20 años.

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, a través del Programa de Política y Gobernanza Ambiental, elabora este informe legal a fin de analizar el artículo 4 del Decreto Legislativo 1553, respecto del procedimiento de evaluación de impacto ambiental para proyectos de inversión pública.

Esta publicación es una recopilación de artículos especializados que buscan evidenciar y posicionar la oportunidad que representa el Acuerdo de Escazú para América Latina y el Caribe de construir mejores estándares de un gobierno abierto, de rendición de cuentas, de herramientas más eficaces para participar en toma de decisiones, pero sobre todo para reflexionar sobre el ejercicio de la justicia y, más que nunca, establecer canales de atención y protección a las personas defensoras ambientales.

El Acuerdo de Escazú es un instrumento regional sobre los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales para América Latina y el Caribe, suscrito por el Perú en setiembre de 2018 y que espera su ratificación en el Congreso de la República desde agosto de 2019. Desde la fase preparatoria, el Perú ha tenido un rol protagónico en el impulso del acuerdo, demostrando siempre el consenso multisectorial en pro del interés público y la defensa de los derechos de la ciudadanía.

El Acuerdo de Escazú es un tratado sobre derechos humanos, particularmente ambientales, que incluye disposiciones para asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de acceso a la información, participación pública y acceso en asuntos ambientales; además, incluye expresamente como disposición el trabajo para la protección y reconocimiento de personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. En esta publicación planteamos recomendaciones de política para la protección proactiva y defensa de los derechos humanos en asuntos ambientales a través de la consolidación de los mecanismos de acceso a la justicia ambiental; además, desarrollamos consideraciones esenciales para la promoción, protección y defensa de los derechos de las personas defensoras del ambiente.

Resumen: La pesca recreativa, llamada deportiva en la
normativa peruana, es aquella que se realiza
por deporte o placer, o como un medio para
obtener proteína animal para el autoconsumo. En
el mundo, se calcula que la cantidad de pescadores
recreativos ronda los 700 millones. En el Perú, el
cálculo aproximado es de, al menos, 4000 personas.

Se trata de una actividad tradicional, iniciada por lo
menos a mediados del siglo pasado, con un fuerte
componente cultural y familiar.

La deforestación en la Amazonía peruana ha llegado a ascender en el 2019 a 134.6 mil hectáreas
, siendo uno de los principales drivers de deforestación la instalación de carreteras que facilitan el acceso a zonas antes aisladas, constatándose que la intensidad de deforestación es significativamente alta en la proximidad de ejes viales, llegando a comprender alrededor del 29% de la superficie deforestada.

Frente a ello, se ha elaborado el presente documento a fin de dar a conocer cuáles son las condiciones
ambientales mínimas frente al desarrollo de proyectos de carreteras en la Amazonía, a partir de los
hallazgos legales identificados en el marco del Tramo I de la carretera Yurimaguas - Jeberos, así como
también de brindar aportes y recomendaciones respecto del Tramo II y, en general, para el proceso de
planificación de infraestructura vial en la región Loreto en el marco del principio de mejora continua que
rige el marco institucional ambiental.

Loreto ostenta diversas cualidades de excepción para el desarrollo de la vida. No solo es el departamento más extenso del país –ocupa el 28.7 % del territorio y el 51 % de la Amazonía peruana– sino uno de los más biodiversos, pues tiene 70 % de su superficie cubierta de bosques. Allí se almacena el 53 % del stock de carbono del Perú. Sin duda, los servicios ambientales que ofrece son esenciales pues permiten la regularización física y climática, además de la provisión de agua.

Los opositores al Acuerdo de Escazú tienen entre sus principales argumentos la supuesta pérdida de soberanía de los países que llegaran a ratificar este tratado de derechos humanos sobre transparencia, participación y justicia ambiental, así como de protección para las personas defensoras ambientales. Hasta la fecha, Perú no ha ratificado este acuerdo, y la supuesta pérdida de la soberanía nacional ha sido el principal argumento utilizado por los detractores de la democracia ambiental nacional.

En el Perú, las grandes ciudades son importantes polos de desarrollo, pero también focos de contaminación y núcleos de una demanda creciente por espacios naturales para el buen vivir. En ellas habita más de 70% de la población nacional, del cual aproximadamente un tercio reside en
Lima. A estas cifras se suma el crecimiento demográfico a futuro: para el año 2025, 75% de peruanos, equivalente a 26 millones de personas, vivirá en ciudades y centros urbanos (datos del INEI).

Apenas ocupa el 11% de la región amazónica y el 6.6% del territorio nacional. Sin embargo, Madre de Dios es considerada una de las regiones de mayor biodiversidad del mundo, con más de 3.8 millones de hectáreas ocupadas por áreas naturales protegidas. Allí conviven 10 pueblos indígenas y 34 comunidades nativas, las que hablan 9 lenguas indígenas u originarias. Incluso, cuenta con una reserva territorial a favor de los Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI).

Las mujeres indígenas son claves en la lucha por la defensa de sus derechos y la autodeterminación de sus pueblos. Transmiten los saberes y conocimientos ancestrales, juegan un papel fundamental en sus familias, comunidades y países, así como en el ámbito internacional. A pesar de todo ello, aún no se garantiza el acceso y el ejercicio pleno de sus derechos.