Foto: SPDA

  • Durante la COP3 de Escazú, la SPDA explicó sobre los desafíos que enfrenta la participación ciudadana en Perú durante el proceso de la evaluación de impacto ambiental. 

 

La Tercera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP3) se realizó en Santiago de Chile, del 22 al 24 de abril. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el evento reunió a delegaciones de los 16 Estados Partes y, además, a autoridades de 9 países observadores —naciones que aún no ratifican el tratado—, dentro de los cuales se encontró el Perú. 

Desde el lunes 22 de abril, delegaciones de diversos Estados y la sociedad civil en general participaron en diversas sesiones para abordar aspectos relacionados a cómo superar en América Latina y el Caribe las brechas de acceso a los derechos a la información, participación pública y justicia ambiental en asuntos ambientales, así como visibilizar la necesidad e importancia de ratificar e implementar el Acuerdo de Escazú.

Adicionalmente, la COP3 tuvo, como parte de su agenda, eventos especiales para abordar los desafíos y oportunidades de implementación de los derechos de acceso, para lo cual se desarrollaron paneles de discusión con representantes de la sociedad civil y otras autoridades. Por ejemplo, en el caso de Perú, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, tuvo un espacio en el evento especial sobre justicia ambiental, en el que mencionó que, a marzo del 2024, el 60 % de los conflictos sociales están vinculados a temas ambientales.

Desde la sociedad civil, Diana Suárez, asesora legal de la SPDA, integró un conversatorio como parte del evento especial de participación pública, en el que explicó sobre los desafíos que enfrenta la aplicación del derecho a la participación ciudadana en Perú durante el proceso de la evaluación de impacto ambiental. 

En primer lugar, señaló que, para una debida implementación del derecho, nuestro país necesita elevar sus estándares de participación ciudadana y actualizar su marco regulatorio de participación ciudadana. “Perú tiene todo un marco regulatorio, pero ello no significa que no pensemos en actualizar nuestras normas. Tenemos reglamentos de participación ciudadana desfasados con más de 20 años de antigüedad, como es el caso del sector Transportes”, precisó. 

En ese contexto, enfatizó sobre la oportunidad que representa la ratificación de este tratado para el Perú: “Para los Estados que no hemos ratificado el acuerdo de Escazú, esta COP nos deja el mensaje de ampliar las posibilidades de articulación y cooperación técnica que podemos tener entre Estados con el fin de cerrar las brechas en materia de implementación de los derechos de acceso a la información, participación ciudadana, y acceso a la justicia ambiental”. 

Como se sabe, Perú es uno de los países de América Latina que, hasta el momento, no ha ratificado el Acuerdo de Escazú, primer tratado regional de derechos humanos ambientales que tiene como finalidad garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información, participación ciudadana y la justicia ambiental. 

Foto: CEPAL

Resultados que dejó la COP3 de Escazú 

Uno de los hitos más importantes que ha dejado esta COP3 es la aprobación por unanimidad del plan de acción de defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, guía que establece acciones estratégicas que los Estados Partes deben cumplir para proteger a las y los defensores ambientales de forma efectiva. 

En esa línea, es importante indicar que el presente plan no ha considerado la totalidad de las propuestas que las poblaciones indígenas llevaron a esta COP3 como, por ejemplo, la creación de un caucus indígena (órgano máximo de deliberación). 

En tanto, la otra aprobación gira en torno a la transversalización del enfoque de género. Los 16 Estados Partes del Acuerdo de Escazú (Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Ecuador, Granada, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, Uruguay y Mancomunidad de Dominica) acordaron integrar y reforzar la perspectiva de género en este tratado internacional.