Foto: El Peruano

  • A través de un informe legal, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) resalta aspectos clave sobre el procedimiento para la certificación ambiental del Terminal Portuario General San Martín y su impacto en la Reserva Nacional de Paracas.

[Descarga el informe aquí]

Frente a la polémica en torno al proyecto de modernización del Terminal Portuario General San Martín de Paracas (en adelante TPP), la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) elaboró un análisis en donde resalta los riesgos e impactos que este proyecto generaría de ser implementado, así como el estado del proceso administrativo que viene siguiendo la empresa para obtener la certificación ambiental.

La SPDA considera que, debido a que se tiene previsto construir un  almacén de concentrado de minerales en el terminal portuario, sí existe riesgo de contaminación por metales pesados, además de la contaminación sonora y su impacto en la fauna silvestre, el riesgo potencial de derrames por volcaduras, y los impactos al paisaje, actividades pesqueras y al turismo.

Asimismo, señala que aún falta evaluar si la empresa subsanó las 52 observaciones que quedaban pendientes de absolver a raíz de las opiniones de servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), Autoridad Nacional del Agua (ANA), Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes) y el mismo Senace, y si se le dará la viabilidad ambiental al proyecto.

Por otro lado, resalta que el Sernanp, como ente rector de las ANP, debe evaluar la información que se le ha provisto, para determinar si se han subsanado las 17 observaciones aún pendientes y si el proyecto merece una Opinión Técnica Previa Vinculante favorable o no. Sin esta opinión del Sernanp, el Senace no puede aprobar la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (MEIA-d).

«¿Es importante darle una salida competitiva a los concentrados de minerales que se producen en Ica, Ayacucho y Huancavelica? Por supuesto. ¿Pero es el TPP la única opción para ello? ¿Se han evaluado correctamente todas las alternativas viables y menos lesivas en términos ambientales, sociales y culturales?», indica la SPDA en el mencionado informe.

Proyecto de modernización

Para la implementación del proyecto de modernización de esta obra, que incluye un muelle multipropósito y la habilitación de un amarradero especializado en graneles y uno para contenedores, en el 2014 el Estado peruano otorgó una concesión a la empresa Terminal Portuario Paracas S.A. (TPP), de capitales españoles y brasileños, por un plazo de 30 años y un compromiso de inversión de USD 131 millones[1]. En el 2016 se aprobó el Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) de dicho proyecto.

Dado que fue creado antes del establecimiento de la Reserva Nacional de Paracas, el terminal portuario se encuentra en la zona de amortiguamiento del área natural protegida, pero el acceso al mismo se da a través de la reserva, por la misma carretera que usan los visitantes que llegan al área protegida.

Mapa 1: Ubicación del Proyecto del Terminal Portuario Marítimo General San Martín

La actividad que ha generado mayor oposición es la construcción de un almacén de concentrado de minerales en el terminal portuario y el consecuente aumento de tránsito de camiones con concentrado de minerales por el interior de la reserva, por el riesgo de contaminación por metales pesados durante el transporte del material y la carga del mismo a contenedores dados los fuertes vientos que caracterizan a esta zona de la costa peruana, el aumento de tráfico vehicular, el ruido, entre otros.

Al respecto, se menciona en la propuesta de MEIA-d, que como parte del proceso operativo en el almacenaje de concentrados, la recepción de estos productos comprende una serie de acciones, en donde la mezcla de diversos grados de material puede ocurrir antes de descargar dentro del almacén.

Sobre este punto, el artículo 102 del Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero, Decreto Supremo 040-2014-EM, recientemente modificado (02.03.2020), señala que para el inicio de operaciones del almacenamiento de concentrados y/o minerales fuera de las áreas de concesiones mineras, el titular del proyecto está obligado a contar con el respectivo EIA aprobado por la autoridad ambiental competente, aun en los casos en que realice dicha actividad conjuntamente con otras actividades económicas. Además, indica que “en aquellos casos en los que solo exista una actividad de competencia de un sector distinto al sector minero, la autoridad competente requiere, de corresponder, opinión técnica al Ministerio de Energía y Minas en relación a aquellos aspectos materia de su competencia».

Consideramos que en la propuesta de modificación del EIA-d debería mencionarse con mayor detalle en qué consiste la mezcla de minerales, sobre todo si se hace referencia a que se mezclará diferentes tipos de estos productos, de lo contrario no se permite un análisis adecuado de los impactos que podrían generarse.

Adicionalmente, en la modificación del EIA se incluyeron los siguientes componentes:

  • Una planta de tratamiento de agua potable por ósmosis inversa para abastecer de agua las operaciones y reducir la presión sobre el acuífero con el que se cubre la demanda de la población de Pisco.
  • Una planta de tratamiento de aguas residuales, para tratar las aguas residuales domésticas que se generan durante las operaciones, y un emisor submarino con una longitud de 95 m.

En cuanto a los riesgos e impactos, se destaca que pese a que la empresa ha mencionado que no se incluyen concentrados de minerales como plomo y cadmio, en el mismo EIA se muestra que sí habría presencia de dichos metales, y justamente una de las observaciones del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) tiene que ver con este punto crítico. Otros riesgos e impactos se presentan con su debido sustento en el informe, como los aspectos vinculados al ruido y su impacto en la fauna silvestre, el riesgo potencial de derrames por volcaduras, y los impactos al paisaje, actividades pesqueras y al turismo.

En el caso en particular, en cuanto al procedimiento administrativo para la certificación ambiental queda pendiente que el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) y los opinantes, analicen la información complementaria enviada por TPP con la finalidad de evaluar si se han subsanado las 52 observaciones de varios sectores, entre Sernanp.

La decisión sobre est