Foto: Diego Pérez / SPDA
- “A pesar de la coyuntura de la emergencia ambiental ocasionada por el desastre más grande en la historia del país, el Legislativo le dio la espalda a este tratado internacional cuyo objetivo es promover la evolución sostenida de la justicia ambiental y un comportamiento proactivo de transparencias y rendición de cuentas en el país”.
Escribe Fátima Contreras / Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA
En medio de un desastre ambiental como el derrame de al menos 11 900 barriles de petróleo ocurrido en Ventanilla el pasado 15 de enero, el Congreso de la República nuevamente negó una nueva oportunidad para la aprobación del Acuerdo de Escazú.
Como se sabe, el Acuerdo de Escazú es un tratado regional para América Latina y el Caribe que tiene por objetivo establecer estándares y mecanismos oportunos y adecuados para el ejercicio de los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia ambiental. Precisamente es esta última que se ha activado en vía administrativa, penal y civil para establecer la responsabilidad de Repsol, sin que esto, lamentablemente, asegure una respuesta segura ni pronta.
La justicia ambiental en desventaja
El pasado lunes 31 de enero, el grupo parlamentario Juntos por el Perú presentó a la Junta de Portavoces del Congreso un oficio, dirigido a María del Carmen Alva, actual presidenta del Congreso, a fin de que el Acuerdo de Escazú sea exonerado del debate en comisión y sea presentado en el Pleno. Sin embargo, la Junta de Portavoces, que está conformada por la mesa directiva del Congreso, así como por los representantes de todos los grupos parlamentarios, rechazaron la solicitud. De esta manera, negaron la oportunidad para que nuevamente se debata sobre la aprobación de dicho acuerdo que Perú suscribió en el 2018.
A pesar de la coyuntura de la emergencia ambiental ocasionada por el desastre más grande en la historia del país, el Legislativo le dio la espalda a este tratado internacional cuyo objetivo es promover la evolución sostenida de la justicia ambiental y un comportamiento proactivo de transparencias y rendición de cuentas en el país. De hecho, en materia de justicia, el acuerdo establece expresamente que los países deben trabajar en crear medidas para facilitar la producción de la prueba del daño ambiental, como la inversión de la carga de la prueba y la carga dinámica de la prueba. Estas medidas procesales sirven para no obstaculizar la justicia para la presentación de denuncias y demandas. Por ejemplo, ante un desastre como el ocurrido, quien tendría la carga de probar la no responsabilidad de los hechos, podría ser la empresa y no los afectados.
Otro aspecto necesario que establece el Acuerdo de Escazú, y que este Congreso no respaldó, es que los países deben trabajar en crear mecanismos de ejecución y de cumplimiento oportunos de las decisiones judiciales y administrativas así como mecanismos de reparación, tales como la restitución del ambiente, las garantías de no repetición, la atención a las personas afectadas y los instrumentos financieros para apoyar la reparación. Precisamente, este aporte es clave para asegurar que existan respuestas concretas, inmediatas, oportunas y suficientes para atender una emergencia, antes, durante y luego del suceso.
Sin embargo, desde que el Legislativo recibió la encomienda de aprobar el acuerdo en sus instancias, han surgido mentiras y mitos sobre el objetivo del tratado. Por ello, en el 2020, el acuerdo fue archivado por la anterior Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso luego de un debate en donde lo técnico y objetivo quedó relegado a especulaciones y manipulaciones de los aportes del instrumento para el país.
Foto: Diego Pérez / SPDA
Transparencia, primera respuesta incumplida
Tampoco debemos olvidar que una primera respuesta que Repsol debió implementar fue el reporte y comunicación oportuna sobre la emergencia ambiental. Como se supo en el transcurso de los días, el reporte de Repsol fue inexacta en cuanto a la cantidad de derrame lo que originó un efecto cadena en sus respuestas de contingencia y en el despliegue de las autoridades así como en las medidas de prevención de la ciudadanía.
El Acuerdo de Escazú refiere que los países deben trabajar por optimizar sus sistemas de información ambiental, así como los mecanismos de transparencia. Particularmente, establece que los países deben adoptar medidas para promover el acceso a la información ambiental que esté en manos de privados, incluso, relativa a sus operaciones, posibles riesgos y efectos.
Si bien el marco legal actual hace referencia a ello, el acuerdo impulsa a la mejora continua de estos mecanismos, evaluando su efectividad y buscando opciones para que las respuestas sean mucho más óptimas en tiempo y en contenido.
La democracia ambiental, una prioridad en espera
Frente a este escenario, no solo preocupa el desconocimiento de la mayoría de los actuales congresistas sobre el impacto del Acuerdo de Escazú a favor de nuestra democracia ambiental, si no es desconcertante la poca apertura para conocer objetivamente su contenido.
Trabajar por la democracia ambiental es más urgente que nunca. No solo porque la coyuntura lo amerite, sino porque trabajar por la transparencia, la rendición de cuentas, la participación y la justicia ambiental, no debe ser siempre una respuesta reactiva; por el contrario, debe ser pensada, sostenida y trascendente.