La agenda ambiental para los próximos cinco años

Escribe: Isabel Calle Valladares 

Mientras la minería ilegal fortalece organizaciones criminales; el cambio climático amenaza nuestra infraestructura, la agricultura y la seguridad alimentaria; y la degradación de los ecosistemas compromete el agua, la salud y la competitividad del país; el ambiente ha permanecido prácticamente ausente de la agenda política nacional durante los últimos cinco años. Tampoco ocupó un lugar prioritario durante la campaña electoral: ni los planes de gobierno de los partidos políticos ni las intervenciones de sus candidatos en los debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones prestaron suficiente atención a los desafíos ambientales del país. 

En cambio, lo que sí han prevalecido son intentos por reducir estándares ambientales; la promoción de actividades extractivas en áreas naturales protegidas donde la legislación las prohíbe; las propuestas legislativas que ponen en riesgo los territorios de pueblos indígenas en aislamiento; y las sucesivas ampliaciones del proceso de formalización minera que benefician a la minería ilegal. A ello se suma la inacción frente a las actividades ilegales que depredan nuestros bosques, contaminan los ríos y amenazan la vida y los medios de subsistencia de miles de peruanos. 

Según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP)1, el 59 % de los entrevistados señala que el gobierno de Keiko Fujimori debe priorizar la lucha contra la inseguridad ciudadana. Sin embargo, la seguridad y el ambiente no son agendas distintas. Hoy las economías ilegales como la minería, la tala y la pesca no solo destruyen nuestra biodiversidad, sino que también financian redes criminales, alimentan escenarios de violencia, corrupción y pérdida de control territorial. Basta con observar lo que ocurre en Pataz, Madre de Dios, Loreto, la costa norte o las fronteras con Ecuador y Colombia para comprender que el crecimiento de la ilegalidad está estrechamente relacionado con la inacción, debilidad o ausencia del Estado. Por ello, enfrentar los delitos ambientales también debe ser parte de una estrategia integral de seguridad nacional. 

Otro de los asuntos prioritarios que debe atender el nuevo gobierno, según encuesta del IEP, es la economía (27 %). Aunque el Perú ha mantenido cierto crecimiento macroeconómico, cerca del 70 % de la población ocupada continúa en la informalidad. A ello se suma que nuestra econonomía sigue siendo altamente vulnerable frente a los impactos del cambio climático. El Fenómeno El Niño, ya confirmado por científicos de la NOAA, podría intensificarse de forma similar a los eventos ocurridos en 1998 y 2017. De ser así, hogares, colegios, hospitales, campos de cultivo están en riesgo por inundaciones, sobre todo en el norte. En el sur, las sequías provocarían escasez de alimentos e incendios forestales.    

El desafío ya no consiste únicamente en responder a las emergencias. Consiste en prepararnos para un clima distinto. No podemos seguir reconstruyendo infraestructura para las condiciones del pasado cuando sabemos que los eventos extremos serán cada vez más frecuentes e intensos. Adaptarnos al cambio climático significa incorporar el riesgo climático en la planificación, invertir en infraestructura natural junto con infraestructura gris, fortalecer la seguridad hídrica y ordenar mejor el territorio. 

El principal error ha sido considerar que el ambiente es un sector más. No lo es. La agenda ambiental es transversal al desarrollo del país, a la política económica, a la seguridad ciudadana, a la infraestructura, a la salud pública y la agricultura. Cuando se debilita la institucionalidad ambiental, no pierde únicamente el Ministerio del Ambiente, perdemos todos. 

Por ello, el nuevo periodo político ofrece al Ejecutivo y al Congreso la oportunidad de corregir ese rumbo e incorporar la variable ambiental en las políticas destinadas a fortalecer la seguridad, reactivar la economía y gestionar los riesgos derivados de la crisis climática. 

¿Cómo hacerlo? En primer lugar, fortaleciendo la institucionalidad ambiental y las entidades especializadas, dotándolas de recursos suficientes y promoviendo respuestas articuladas entre los distintos sectores y niveles de gobierno. También debemos dejar atrás la actuación puramente reactiva y priorizar la prevención, tomar decisiones basadas en evidencia científica, cumplir nuestros compromisos internacionales y mantener estándares adecuados de protección ambiental.  

Asimismo, será necesario fortalecer la democracia ambiental, garantizar el acceso de la ciudadanía a la información, fortalecer su participación en las decisiones públicas y promover la transparencia y la justicia ambiental. Para avanzar en esa dirección, las nuevas autoridades pueden contar con las organizaciones de la sociedad civil, que desde hace décadas construimos, junto con las comunidades, la ciudadanía y los actores locales, experiencias y soluciones que pueden ser replicadas y ampliadas. 

Durante mucho tiempo hemos visto la protección del ambiente como un costo o una restricción al desarrollo. Quizás ha llegado el momento de entender exactamente lo contrario. No podemos lograr un crecimiento económico sostenible, seguridad ciudadana, infraestructura resiliente ni bienestar para las personas si seguimos deteriorando el patrimonio natural que sostiene nuestro desarrollo. 

La agenda ambiental no compite con las demás prioridades del país. Es una condición para alcanzarlas. Esa es, probablemente, una de las decisiones más importantes que deberá asumir el Perú durante los próximos cinco años. Está en juego la posibilidad de que esta y las próximas generaciones habiten un país seguro, saludable y sostenible.