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Esta publicación es una recopilación de artículos especializados que buscan evidenciar y posicionar la oportunidad que representa el Acuerdo de Escazú para América Latina y el Caribe de construir mejores estándares de un gobierno abierto, de rendición de cuentas, de herramientas más eficaces para participar en toma de decisiones, pero sobre todo para reflexionar sobre el ejercicio de la justicia y, más que nunca, establecer canales de atención y protección a las personas defensoras ambientales.

El Acuerdo de Escazú es un instrumento regional sobre los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales para América Latina y el Caribe, suscrito por el Perú en setiembre de 2018 y que espera su ratificación en el Congreso de la República desde agosto de 2019. Desde la fase preparatoria, el Perú ha tenido un rol protagónico en el impulso del acuerdo, demostrando siempre el consenso multisectorial en pro del interés público y la defensa de los derechos de la ciudadanía.

El Acuerdo de Escazú es un tratado sobre derechos humanos, particularmente ambientales, que incluye disposiciones para asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de acceso a la información, participación pública y acceso en asuntos ambientales; además, incluye expresamente como disposición el trabajo para la protección y reconocimiento de personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. En esta publicación planteamos recomendaciones de política para la protección proactiva y defensa de los derechos humanos en asuntos ambientales a través de la consolidación de los mecanismos de acceso a la justicia ambiental; además, desarrollamos consideraciones esenciales para la promoción, protección y defensa de los derechos de las personas defensoras del ambiente.

Resumen: La pesca recreativa, llamada deportiva en la
normativa peruana, es aquella que se realiza
por deporte o placer, o como un medio para
obtener proteína animal para el autoconsumo. En
el mundo, se calcula que la cantidad de pescadores
recreativos ronda los 700 millones. En el Perú, el
cálculo aproximado es de, al menos, 4000 personas.

Se trata de una actividad tradicional, iniciada por lo
menos a mediados del siglo pasado, con un fuerte
componente cultural y familiar.

La deforestación en la Amazonía peruana ha llegado a ascender en el 2019 a 134.6 mil hectáreas
, siendo uno de los principales drivers de deforestación la instalación de carreteras que facilitan el acceso a zonas antes aisladas, constatándose que la intensidad de deforestación es significativamente alta en la proximidad de ejes viales, llegando a comprender alrededor del 29% de la superficie deforestada.

Frente a ello, se ha elaborado el presente documento a fin de dar a conocer cuáles son las condiciones
ambientales mínimas frente al desarrollo de proyectos de carreteras en la Amazonía, a partir de los
hallazgos legales identificados en el marco del Tramo I de la carretera Yurimaguas - Jeberos, así como
también de brindar aportes y recomendaciones respecto del Tramo II y, en general, para el proceso de
planificación de infraestructura vial en la región Loreto en el marco del principio de mejora continua que
rige el marco institucional ambiental.

Loreto ostenta diversas cualidades de excepción para el desarrollo de la vida. No solo es el departamento más extenso del país –ocupa el 28.7 % del territorio y el 51 % de la Amazonía peruana– sino uno de los más biodiversos, pues tiene 70 % de su superficie cubierta de bosques. Allí se almacena el 53 % del stock de carbono del Perú. Sin duda, los servicios ambientales que ofrece son esenciales pues permiten la regularización física y climática, además de la provisión de agua.

Los opositores al Acuerdo de Escazú tienen entre sus principales argumentos la supuesta pérdida de soberanía de los países que llegaran a ratificar este tratado de derechos humanos sobre transparencia, participación y justicia ambiental, así como de protección para las personas defensoras ambientales. Hasta la fecha, Perú no ha ratificado este acuerdo, y la supuesta pérdida de la soberanía nacional ha sido el principal argumento utilizado por los detractores de la democracia ambiental nacional.

En el Perú, las grandes ciudades son importantes polos de desarrollo, pero también focos de contaminación y núcleos de una demanda creciente por espacios naturales para el buen vivir. En ellas habita más de 70% de la población nacional, del cual aproximadamente un tercio reside en
Lima. A estas cifras se suma el crecimiento demográfico a futuro: para el año 2025, 75% de peruanos, equivalente a 26 millones de personas, vivirá en ciudades y centros urbanos (datos del INEI).

Apenas ocupa el 11% de la región amazónica y el 6.6% del territorio nacional. Sin embargo, Madre de Dios es considerada una de las regiones de mayor biodiversidad del mundo, con más de 3.8 millones de hectáreas ocupadas por áreas naturales protegidas. Allí conviven 10 pueblos indígenas y 34 comunidades nativas, las que hablan 9 lenguas indígenas u originarias. Incluso, cuenta con una reserva territorial a favor de los Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI).

Las mujeres indígenas son claves en la lucha por la defensa de sus derechos y la autodeterminación de sus pueblos. Transmiten los saberes y conocimientos ancestrales, juegan un papel fundamental en sus familias, comunidades y países, así como en el ámbito internacional. A pesar de todo ello, aún no se garantiza el acceso y el ejercicio pleno de sus derechos.

El mar peruano se caracteriza por ser uno de los más productivos, singulares y biodiversos del planeta, y ha sido cuna de civilizaciones prehispánicas cuyas tradiciones, conocimientos y técnicas de invaluable importancia han trascendido y se han mantenido a través de los siglos. Hoy en día, nuestro mar es sustento de millones de personas a lo largo de los casi 3 mil kilómetros de costa; aporta en gran medida a la seguridad alimentaria del país.

¿Qué está haciendo el Perú para proteger su mar y los recursos que alberga? ¿Cómo está el Perú en comparación a otros países de la región con respecto al establecimiento de ANP marino costeras? ¿cuáles son los principales retos para la creación de nuevas ANP en nuestro mar? Éstas y otras preguntas son respondidas en la publicación “Conservación del océano y las áreas marinas protegidas del Perú: alcances, legislación y retos”.

UN RECORRIDO POR LA HISTORIA DEL PRIMER SISTEMA REGIONAL DE CONSERVACIÓN EN EL PERÚ

Ikara el canto de las madres Parte I

Ikara el canto de las madres Parte II

El presente documento tiene como objetivo presentar nuestras propuestas para seguir fortaleciendo la justicia ambiental en el Perú. En su formulación, se ha tenido en cuenta el contexto actual, las oportunidades de mejora del sistema de justicia nacional, la experiencia del derecho comparado, así como nuestra experiencia institucional en el desarrollo de políticas públicas.

Algunas de las propuestas de la presente publicación han sido incorporadas previamente en opiniones o escritos presentados por la SPDA, tales como: Opinión al Proyecto de Ley 06957/2020-CR, Ley que reconoce derechos de la madre naturaleza, los ecosistemas y las especies; Amicus curiae al proceso de revisión de los principales aspectos constitucionales y penales con relevancia ambiental, impulsado por el Poder Judicial (Octubre, 2020).

Asimismo, una versión preliminar del presente trabajo ha sido compartida con la Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial, en el marco del proceso de actualización del Plan de Gestión Ambiental del Poder Judicial (Abril, 2021).

La presente publicación reúne los artículos de opinión y análisis que aparecieron en Actualidad Ambiental y otros medios. Estos fueron elaborados por expertos legales y técnicos de la SPDA durante el primer mes del desastre. Los artículos responden a la coyuntura y necesidad de información del momento y por ello los hemos dividido cronológicamente en tres momentos clave: (1) Los primeros días: análisis de las reacciones frente al derrame; (2) Una semana después: análisis de las responsabilidades; y (3) Para que no vuelva a ocurrir.

Ya ha pasado un mes y aún no se sabe cuál es el impacto ambiental real del desastre y tampoco se conoce la causa exacta del derrame. Por ello, los medios de comunicación y expertos deben seguir jugando un rol clave, acercando más información a la ciudadanía.

Este documento tiene como objetivo dar, de manera ejecutiva, un marco conceptual del gobierno abierto y sus avances en los últimos años, de forma que sirva como documento orientador para que la sociedad civil pueda introducir esta metodología al mayor número de ciudadanía organizada coadyuvando así a la sostenibilidad de la materia.

El sábado 15 de enero se produjo uno de los desastres ambientales más grandes de la historia peruana. Durante operaciones de descarga de petróleo frente a la refinería La Pampilla, la empresa Repsol derramó por lo menos 11 900 barriles de crudo sobre el mar de Ventanilla. En este contexto, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) presenta el documento “11 propuestas normativas para evitar una nueva catástrofe ambiental”, con el fin de brindar herramientas para lograr una mejor regulación que nos permita enfrentar una emergencia de este tipo.

Es importante mencionar que dichos cambios normativos deben ser acompañados de voluntad política, de medidas para fortalecer al sector ambiente, de la apuesta por un sector extractivo con tecnología de punta y altos estándares, entre muchos otros cambios que van más allá de lo que las
normas pueden ofrecer. Los tomadores de decisión, además, deben entender que los temas ambientales son transversales y deben ser considerados en toda política pública.