El pasado 12 de marzo, el Congreso de la República aprobó la norma que modifica la Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). El supuesto objetivo es fortalecer la supervisión y garantizar la transparencia en el uso de los fondos de cooperación internacional, pero en realidad -según el análisis de la SPDA- encierra disposiciones que comprometen seriamente la autonomía de la sociedad civil, restringen el acceso a financiamiento y colocan en riesgo el derecho a la libre asociación.
Por ello, en este informe, la SPDA presenta un análisis detallado del impacto de esta norma, evidenciando las contradicciones con los estándares internacionales de derechos humanos, su inconstitucionalidad y el riesgo que representa para nuestra democracia.