La SPDA expresa su preocupación respecto a los recientes acontecimientos en el sector ambiente

  • Exigimos una pronta y célere investigación frente a las denuncias sobre presuntas irregularidades dentro del Senace para favorecer a una empresa minera.
  • Exigimos claridad sobre las causales y debido proceso ante el presunto pedido de renuncia al personal de confianza y de alta dirección en el Ministerio del Ambiente (Minam).
  • Pedimos que el Senace asegure su autonomía técnica, administrativa y presupuestaria, y se designe cuanto antes al presidente ejecutivo, tal como señala su ley de creación.

En días recientes, se han divulgado informes y documentos sobre presuntas irregularidades en torno al sector ambiente, que involucran especialmente al Ministerio del Ambiente (Minam) y al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace). Estos informes señalan que se favoreció a una empresa minera en el marco del procedimiento para la actualización de su estudio de impacto ambiental (EIA). La denuncia, acompañada de un audio que involucra a la exgerente general del Senace, Joanna Fischer Battistini, revela una presunta presión para acelerar la aprobación del cambio en el EIA del proyecto «La Inmaculada» de la empresa minera Ares, filial de Hochschild Mining en Ayacucho.

Por otro lado, las renuncias de las exviceministras del Minam, Giuliana Becerra Celis y Nancy Chauca carecen de explicación oficial a la fecha. Tras la difusión del audio, Fischer Battistini renunció y el Congreso de la República aprobó una interpelación a la titular del Minam, Albina Ruiz, argumentando su supuesta incapacidad para abordar la contaminación y haciendo referencia al mencionado audio.

En el mismo día de la interpelación, Giuliana Becerra, en una carta dirigida a Alejandro Soto, presidente del Congreso, detalló los motivos de su renuncia, indicando que la ministra del Ambiente le comunicó que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) solicitó su renuncia debido a que su labor en el Senace «resultaba incómoda para el sector». En la carta, la exviceministra mencionó que la Oficina de Control Interno del Senace investigaba presuntas irregularidades en el proyecto minero «La Inmaculada», aprobado durante la gestión de Fischer Battistini, en agosto de este año.

Ante estos hechos, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) señala lo siguiente:

  1. Por la gravedad de la denuncia, este hecho debe ser investigado de manera célere, y tanto el Senace como el Minam deben demostrar absoluta transparencia ante las autoridades, prensa y ciudadanía, brindando de manera abierta toda la información que se requiera por ser de interés público.
  2. El Senace es un ente técnico y neutral que tiene a su cargo la evaluación, aprobación o denegatoria de los estudios ambientales de los proyectos de inversión e intervenciones pasibles de producir impactos en la ciudadanía y en nuestro patrimonio natural. Con el Senace, el Estado busca garantizar la viabilidad ambiental y social de un proyecto de inversión. Es decir, garantiza que dichos proyectos sean sostenibles y respeten los derechos fundamentales de las peruanas y peruanos.Por esta razón, el Senace debe estar dirigido por un especialista elegido a través de concurso público, tal como lo establece la Ley 29968, Ley de creación del Senace. Según el artículo 7.1 de dicha norma, la designación del jefe del Senace “está sujeta a mecanismos objetivos de evaluación y selección, que aseguren la idoneidad profesional y moral, y la especialidad requerida para el ejercicio del cargo, y la inexistencia de incompatibilidades o conflictos de interés. Los mecanismos de evaluación objetiva, el proceso de selección y la convocatoria serán aprobados por el Consejo Directivo”. Por lo tanto, la jefatura de esta institución no debería estar a cargo del titular del Viceministerio de Gestión Ambiental, cuya designación tiene una abierta carga política que puede atentar contra la independencia técnica que debería tener este organismo.
  3. El Senace representó, desde el 2012, una mejora y cambio en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), por ello la función que ejercen los evaluadores de esta institución debe encontrarse libre de cualquier injerencia política y debe ser desarrollada en el marco de las propias normas operativas y sustantivas que ha aprobado esta autoridad y el propio Minam como ente rector y normativo del SEIA. La función que ejerce el Senace es una función administrativa ampliamente reglada porque el propósito es reducir los niveles de discrecionalidad al máximo y con ello evitar relativizar las decisiones.
  4. Sumada a la pronta y célere investigación sobre las denuncias presentadas, el Senace debe elegir cuanto antes a su presidente ejecutivo, en el marco de un proceso transparente, objetivo y conforme a las reglas previstas Esto permitirá devolver la confianza y legitimidad en esta institución y asegurar su autonomía.
  5. En la misma línea, debe haber claridad respecto a las causales de la renuncia de la extitular del Viceministerio de Gestión Ambiental, y también aclarar el presunto pedido de renuncia por parte de la PCM, ya que aunque se trata de un cargo de confianza este debe respetar las garantías mínimas y esenciales.
  6. La SPDA, como parte de la sociedad civil, considera que esta es una oportunidad para activar y promover más acciones de veeduría. Por ello, desde la ciudadanía llamamos a estar alertas y vigilantes ante estos posibles hechos y escenarios que pueden debilitar la institucionalidad ambiental que tantos años nos viene costando al país construir.

En la SPDA reafirmamos nuestro compromiso con la institucionalidad y la gobernanza ambiental del país, y nos mantenemos firmes ante el respeto de los principios de gobierno abierto y transparencia, rendición de cuentas, democracia, integridad pública y buena gobernanza.