En un contexto de emergencia climática, el pasado 7 de julio el Pleno del Congreso de la República aprobó un texto sustitutorio de los proyectos de ley 649/2021-CR y 894/2021-CR. Con ello, se pretende modificar la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 

Estas medidas, promovidas sin sustento técnico, debilitan la gobernanza de los bosques y el control de la deforestación debido a que evaden el marco normativo para la gestión sostenible del territorio y los compromisos internacionales asumidos por el país. 

Por ello, solicitamos al PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA observar la autógrafa y que esta regrese a la COMISIÓN AGRARIA para su archivo o reformulación, previa opinión técnica favorable de las autoridades competentes, en especial del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) quien es competente para opinar sobre todo proyecto normativo cuyo contenido afecte el Patrimonio, y del Ministerio del Ambiente (MINAM).

Además, exigimos las siguientes acciones urgentes: 

Al Congreso de la República: 

  1. Garantizar que los procesos de formalización y titulación de predios rústicos, así como el otorgamiento de constancias de posesión, se realicen respetando la prohibición de ser otorgados en tierras con capacidad de uso mayor forestal o de protección (con o sin cobertura forestal). Para ello, es fundamental que los procedimientos se desarrollen  de  manera posterior al proceso técnico de clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor.
  2. Eliminar cualquier posibilidad de eximir el cumplimiento del procedimiento de autorización de cambio de uso de suelo, orientado a la protección del patrimonio forestal en tierras con aptitud agropecuaria. Esto incluye la exoneración de responsabilidad administrativa por el cambio de uso de suelo no autorizado para actividades agropecuarias (en especial aquellas de escala industrial, por sus impactos en los bosques y la fauna silvestre).
  3. Mantener la participación del MINAM en el proceso de aprobación de la Zonificación Forestal (ZF), a fin de articular su competencia en materia de ordenamiento territorial nacional con la competencia sectorial del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.
  4. Garantizar, en el marco del Convenio 169 de la OIT y la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a la consulta previa legislativa de los pueblos indígenas u originarios. Este es un Proyecto de Ley más que se emite sin ser consultado con los pueblos indígenas pese a que son mencionados de forma expresa en el punto referido a la suspensión de la exigencia de la ZF. Es importante resaltar que aún se encuentra pendiente la modificación del Reglamento del Congreso para regular el procedimiento de consulta previa a los pueblos indígenas u originarios sobre medidas legislativas que les afecten, brindando predictibilidad a este.
  5. Observar la prohibición de otorgamiento de títulos habilitantes recogida en el punto referido a la exigencia de la ZF, pues excluye a aquellos pueblos indígenas que inicien un procedimiento de reconocimiento de su personería jurídica, como comunidades, luego de otorgado un título habilitante en el marco de este Proyecto. Este vacío podría incrementar los supuestos de superposición de derechos, por lo que es necesario establecer responsabilidades y el mecanismo que se deberá utilizar en dichos casos para garantizar el derecho al territorio de estos pueblos indígenas.

Al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego:

  1. Fortalecer las capacidades de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios y del Serfor para garantizar el desarrollo del proceso de clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor, como mecanismo para asegurar el uso racional y sostenible del recurso suelo para el beneficio económico, social y ambiental de la ciudadanía. Además, este mecanismo debe ser consolidado para la defensa de las tierras forestales y de protección, así como del patrimonio forestal en tierras con aptitud agropecuaria.
  2. Impulsar el proceso de ZF a lo largo del territorio nacional, como una herramienta flexible de toma de decisión para el uso adecuado y sostenible del patrimonio forestal. Este es un reto que debe ser adoptado de manera integral por el Ejecutivo pues según lo indicado por SERFOR, a la fecha persiste una brecha del 80,63% para culminar este importante proceso.

En este orden de ideas, instamos además a las autoridades e instituciones encargadas de velar por la protección y conservación de nuestro patrimonio natural, así como a la protección de los derechos de los pueblos indígenas, a emitir opinión técnica sobre los cuestionamientos al proyecto de ley, por resultar completamente ilícito y atentatorio contra los derechos fundamentales de la ciudadanía peruana.

Puedes encontrar el pronunciamiento en inglés a continuación:

Agradecemos a todas las organizaciones y ciudadanos que se unieron a este pronunciamiento.

Organizaciones  y personas naturales adheridas:

  1. Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)
  2. Comité Peruano de UICN
  3. Grupo SEPAR
  4. Comité de Defensa del Agua
  5. Instituto Perucano
  6. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
  7. Asociación ProPurús
  8. Instituto Nacional de Innovación Agraria 
  9. Reserva Comunal Amarakaeri – ECA Amarakaeri
  10. Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales (IRI PERU)
  11. Gobierno Regional Cusco
  12. Misioneros Columbanos 
  13. Centro Neotropical de Entrenamiento en Humedales-Perú (CNEH PERU)
  14. Organización de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) 
  15. Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ)
  16. Universidad Nacional del Centro del Perú
  17. Universidad Científica del Sur
  18. Nelly Rojas Cerquera
  19. Claudia Pasquel
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