Foto: Procuraduría General del Estado

  • Principalmente en infraestructura sostenible y residuos sólidos.

 

Más de cincuenta procuradores y abogados de procuradurías públicas de la región Loreto fueron capacitados por especialistas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) en normativas ambientales, con la finalidad de reforzar sus conocimientos en el marco de sus funciones con el Estado.

Las exposiciones estuvieron a cargo de Fátima Contreras, coordinadora de gestión de proyectos, y Bryan Jara, especialista legal, ambos del programa Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA. Ambos profesionales ampliaron sobre la gestión integral de residuos sólidos a cargo de los gobiernos locales y la sostenibilidad y responsabilidad ambiental en los proyectos de infraestructura vial de la Amazonía, respectivamente.

Tras el intercambio de preguntas, los participantes actualizaron sus conocimientos, en ambos temas, e identifican los riesgos y consecuencias legales que pueden desencadenarse a partir del incumplimiento de la regulación ambiental referida.

Fátima contreras, coordinadora de gestión de proyectos del programa Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA, durante su presentación. Foto: SPDA

Como es de conocimiento, los procuradores cumplen la función de promover, defender y precautelar los intereses del Estado, en ese sentido, es de vital importancia que cuenten con un amplio conocimiento en normativas ambientales.

“Consideramos importante que las y los procuradores de los diferentes niveles de gobierno, como por ejemplo los gobiernos regionales, puedan tener este tipo de espacios que permitan adquirir y fortalecer sus conocimientos en temas ambientales para contribuir a unos de los objetivos de la Procuraduría General, que es la defensa de los intereses el Estado, principalmente enfocados a la protección del ambiente. A lo largo de este encuentro se ha desarrollado dos sesiones vinculadas a infraestructura vial y residuos sólidos que son contextos muy relevantes a nivel local y nacional, cuyos impactos de no ser dimensionados adecuadamente e identificados oportunamente implica que los beneficios que este tipo de infraestructura o escenarios no se lleguen a materializar, generando un mayor prejuicio para el Estado y, en consecuencia, una afectación al interés de proteger el medio ambiente”, indicó Bryan Jara, especialista legal de la SPDA.

Esta actividad, formó parte del II Encuentro Regional de Procuradores y Abogados de Procuradurías Públicas – Loreto 2024, evento organizado por la Procuraduría General del Estado, que busca promover la especialización de los operadores del sistema.