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  • Especialistas de la SPDA realizan un análisis de los avances en transparencia y acceso a la información en nuestro país, a partir de una resolución del Tribunal de Transparencia.

Escriben: Diana Suárez y Grecia Medina / Programa Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA

 

El pasado 18 de julio, el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (TTAIP) declaró fundado en parte el recurso de apelación presentado por la SPDA al considerar que se había vulnerado el derecho fundamental de acceso a la información pública, a propósito de un pedido de información que realizó SPDA a Provías Nacional, donde solicitó expresamente toda la documentación pública generada del avance del proyecto de Carretera Bellavista-Mazán-Salvador-El Estrecho, incluidos los shapefiles  de los tramos que la componen y del proceso de consulta previa de cada uno de sus tramos.

No obstante, el funcionario de Provías Nacional se limitó a señalar el estado de cada tramo del proyecto, sin adjuntar información de los expedientes ni precisar si contaba o no con cada parte de la información requerida. Cabe precisar que la mencionada carretera se ejecuta en el marco de un proyecto de inversión pública que buscaría satisfacer una brecha de inversión y el interés público; por lo que, a priori, no habría un asunto que mantener en reserva.

Desafortunadamente, estas vulneraciones al derecho de acceso a la información pública por parte de las instituciones no son aisladas sino más bien recurrentes, un asunto sistémico.

De acuerdo a un estudio realizado por la Defensoría del Pueblo[1], más del 68 % de los recursos de apelación que fueron de conocimiento del TTAIP, entre los años 2019 y 2021, fueron declarados fundados tras verificarse que la entidad obligada vulneró el derecho fundamental de acceso a la información pública. Asimismo, en los años 2020 y 2021, esta cifra se incrementó hasta en un 82 %.

En esa línea, surge la importancia de repasar las herramientas de transparencia y acceso a la información con las que contamos actualmente y presentar la agenda pendiente del gobierno para fortalecer la institucionalidad democrática.

¿Qué es el TTAIP?

El TTAIP es un órgano resolutivo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos creado mediante Decreto Legislativo 1353, encargado de resolver, en la última instancia administrativa, las controversias que se susciten vinculadas a la transparencia y al derecho al acceso a la información pública a nivel nacional. Su creación representó un importante avance en la institucionalidad en este tema y es una oportunidad para amplificar el control al Estado en cuanto a la provisión de información pública.

En el 2020, el TTAIP resolvió 1712 apelaciones de solicitudes de acceso a la información pública y diez apelaciones de sanciones impuestas a servidores por el incumplimiento a las normas de transparencia y acceso a la información pública.

Asimismo, hasta junio de 2021, el TTAIP recibió 1371 recursos de apelación por el presunto incumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y resolvió 1354.[2]

¿Qué dijo el TTAIP en el presente caso?

El TTAIP resolvió que el titular de la información no señaló de forma clara si contaba o no con toda la documentación solicitada y brindó información incompleta, lo cual trajo como consecuencia que se vulnere el derecho de acceso a la información pública conforme a las disposiciones contenidas en el Texto Único Ordenado de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Al respecto, se dispuso a la autoridad que entregue todos los documentos que describan o traten sobre el avance del proyecto en cuestión y todos los documentos referidos a la consulta previa de los tramos II, III y IV; otorgándole un plazo de 7 días para que acredite al TTAIP su cumplimiento, bajo apercibimiento de correr traslado al Ministerio Público. A la fecha, se ha cumplido con el plazo y la información ha sido entregada.

La resolución en cuestión desarrolla la importancia y necesidad de que la respuesta que brinden las autoridades a una solicitud de información sea clara, precisa, completa y actualizada, siendo obligación de la autoridad dejar constatada la existencia o no de la información que tiene en su poder; declaración que, además, tiene carácter de declaración jurada y se rige bajo el principio de presunción de veracidad. Asimismo, precisa que el incumplimiento de la Ley de Transparencia es pasible de ser sancionada como falta grave en la vía administrativa y también acarrea responsabilidad penal bajo la figura de abuso de autoridad, tipificada en el artículo 376 del Código Penal.

Por otro lado, la resolución cita distintos pronunciamientos del Tribunal Constitucional que son clave para entender el alcance del derecho fundamental al acceso a la información pública, tales como: i. la publicidad en la actuación de los poderes públicos es la regla y no la excepción, por lo que las excepciones deben ser interpretadas de manera restrictiva y estar debidamente fundamentadas (Exp. 3035-2012-PHD/TC); ii. es responsabilidad de las entidades acreditar la necesidad de mantener en reserva la información solicitada, por lo que le corresponde la carga de la prueba (Exp. 2579-2003-PHD/TC); iii. el derecho no solo comprende la obligación de entregar la información solicitada, sino de que esta sea completa, actualizada, precisa y verdadera (Exp. 1410-20011-PHD/TC).

¿Qué establece la Ley de Transparencia y su Reglamento?

Actualmente, contamos con una Ley de Transparencia, Ley 27806, que fue publicada en el 2002 y su reglamento en el 2003, aprobado por Decreto Supremo 072-2003-PCM. Esta normativa resulta muy importante porque desarrolla el derecho fundamental de acceso a la información pública reconocido en el inciso 5 del artículo 2 de la Constitución, que regula el principio de publicidad, por el que toda información que posea el Estado se presume pública. Adicionalmente, establece la transparencia activa como un mecanismo de difusión de la información, a través de la implementación y actualización de los portales de transparencia de las dependencias públicas.

Entre las principales características de esta norma, se debe resaltar que establece los sujetos legitimados para solicitar y recibir información, así como las entidades obligadas a brindar información y las excepciones al ejercicio del derecho, que está relacionada a aquella información que sea secreta, reservada y confidencial, las cuales deben interpretarse de forma restrictiva.

Intentos de actualización de la normativa de transparencia y acceso a la información pública

El pasado junio del presente año, fue publicado el Proyecto de Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Exposición de Motivos mediante Resolución Ministerial 0214-2023-MINJUS, lo cual evidenció una oportunidad para proveer mejores estándares a las entidades del Estado para garantizar el derecho de acceso a la información y la transparencia, así como fortalecer las herramientas necesarias para que la ciudadanía que nos permitan garantizar un gobierno abierto. Actualmente, el proyecto normativo se encuentra en etapa de revisión de envío de comentarios de la ciudadanía.

La agenda del Perú en Gobierno Abierto

Desde el 2011, el Perú forma parte de la Alianza de Gobierno Abierto, que es una iniciativa multilateral que busca trabajar para el ejercicio de una labor pública enfocada en la transparencia y acceso a la información, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la integridad pública; principios clave del Gobierno Abierto.

En esa misma línea, en febrero se aprobó el Plan de Acción de Gobierno Abierto (PAGA) del periodo 2023-2024 mediante Decreto Supremo 033-2023-PCM.

Este PAGA contiene trece compromisos en los siguientes temas: salud, educación, ambiente e industrias extractivas, seguridad ciudadana, justicia abierta y parlamento abierto. Cabe indicar que, a través de los PAGA, se definen de manera participativa los compromisos del Estado peruano para promover esta materia como parte del proceso de modernización de la gestión pública.

Mediante el artículo 2 del Decreto Supremo 206-2019-PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros creó una Comisión Multisectorial de naturaleza permanente llamada “Foro Multiactor de Gobierno Abierto”, con el objeto de proponer las prioridades que deban ser implementadas en el país como parte de los compromisos asumidos en los referidos PAGA, así como para dar seguimiento a su cumplimiento en el marco de los estándares aprobados por la Alianza para el Gobierno Abierto.

Finalmente, desde este año, la Secretaría de Gestión Pública de la PCM puso en marcha la Comunidad de Práctica en Gobierno Abierto, que tiene como objetivo trabajar con servidores de diferentes entidades públicas para facilitar el intercambio de información, así como canalizar necesidades en la formación de capacidades e incentivar iniciativas orientadas al desarrollo de los principios de G