Como parte de su trabajo para promover la protección de las personas defensoras de los ecosistemas marinos, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), en coordinación con las clínicas jurídicas ambientales de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), realizó dos visitas de campo para analizar el rol de las personas defensoras de los derechos humanos en el ámbito marino-costero durante los meses de junio y julio.
Las jornadas se centraron en la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau (Piura) y la Zona Reservada de Ancón (Lima), dos ecosistemas que enfrentan complejas realidades socioambientales. El objetivo fue dialogar con actores clave para comprender los desafíos que afrontan en la defensa de sus derechos y del patrimonio natural.
Gobernanza y protección de Mar Tropical de Grau
La primera visita se realizó en la región de Piura, en el ámbito de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau, donde la pesca ilegal representa una amenaza constante para la sostenibilidad de los recursos y los medios de vida de las comunidades locales. El equipo de SPDA y los estudiantes de la Clínica Jurídica Ambiental de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) recorrieron el sector El Ñuro – Cabo Blanco, donde sostuvieron reuniones con líderes locales para recoger una visión integral de la problemática respecto a la reserva.
Foto: SPDA/ SERNANP
Carlos Chapilliquén, representante del Gremio de Pescadores Artesanales de Cabo Blanco, explicó los esfuerzos que realizan para defender sus derechos y proteger sus zonas de pesca frente al uso de artes y aparejos que afectan sus prácticas tradicionales. Por su parte, Saúl Chulle, Sargento de Playa de El Ñuro, ofreció una perspectiva sobre la vigilancia comunitaria y los retos locales para prevenir la pesca ilegal. Finalmente, Rafael Morales, administrador del Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) de El Ñuro, resaltó la importancia de la formalización como herramienta clave para combatir las actividades ilegales.
Anthony Llapapasca, jefe de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau, presentó la visión desde el Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado (Sernanp) y señaló los principales desafíos en la gestión y fiscalización del área, especialmente frente a actividades pesqueras que ocurren dentro de la reserva.
Foto: SPDA
Lecciones y desafíos tras el derrame de hidrocarburos
La segunda visita, realizada junto a estudiantes de la Clínica Jurídica Ambiental de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), se centró en la costa de Lima, con especial énfasis en la Zona Reservada de Ancón, un área que aún enfrenta las consecuencias del derrame de hidrocarburos ocurrido en 2022.
El grupo conversó con Carlos Segovia, servidor de la Jefatura del área protegida, quien explicó en detalle los desafíos que persisten para el ecosistema. El interés se enfocó en los impactos sobre la biodiversidad, las lecciones aprendidas en la gestión de desastres ambientales y los esfuerzos de monitoreo que se realizan para evaluar la recuperación de la zona. Además, los estudiantes tuvieron previamente la valiosa oportunidad de conocer el testimonio de la señora Edilberta Rubiños, pescadora artesanal de Ancón, quien relató el impacto que el derrame de hidrocarburos tuvo sobre el sector pesquero artesanal en la bahía de Ancón, así como sobre sus derechos. Su testimonio evidenció cómo dichos impactos todavía persisten hasta el día de hoy, afectando sus modos de vida.
Además, con el fin de analizar la importancia de la conectividad de los ecosistemas de lomas, visitaron la Reserva Nacional de Lachay junto al especialista del Sernanp Miguel Antonio Aztocasa. La existencia de las lomas se debe a las condiciones favorables del océano, como el fenómeno de afloramiento costero y la formación de neblina.
Foto: SPDA
Jimpson Dávila, director del Programa de Gobernanza Marina de la SPDA, destacó la importancia de visibilizar la relación entre la conservación del medio marino y la protección de los derechos humanos de las personas que dependen directamente de estos ecosistemas.
Además, subrayó la necesidad de promover esfuerzos conjuntos entre la sociedad civil, la academia y las entidades del Estado para impulsar políticas efectivas orientadas a su protección frente a los riesgos que enfrentan, en particular por su rol en la defensa de sus zonas tradicionales de pesca frente a actividades de pesca ilegal.
Estas visitas de campo forman parte del trabajo que desarrolla la SPDA en coordinación con las clínicas jurídicas ambientales de la PUCP y la UARM, con el objetivo de profundizar la comprensión sobre el impacto que generan algunas prácticas poco sostenibles en los ecosistemas marinos y cómo las personas que dependen del mar como medio de vida, actúan como defensores del océano.