SPDA rechaza ampliación del Reinfo porque favorece la impunidad y destrucción de la biodiversidad

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) expresa su firme rechazo a la aprobación de una nueva ampliación del plazo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), realizada por el Congreso de la República, el pasado 29 de noviembre de 2024.

Nuestro rechazo se basa en las siguientes razones:

1. Esta ampliación favorece a la impunidad y constituye una amenaza nuestra biodiversidad. Un nuevo plazo permite que miles de mineros continúen realizando actividades que destruyen nuestra biodiversidad con impunidad, escudándose en un proceso interminable que inició en 2002 y ha pasado por diversas prórrogas, lo cual ha puesto en riesgo constante a ecosistemas y poblaciones, especialmente pueblos indígenas y defensores ambientales que son amenazados o atacados por oponerse a esta actividad.

2. No se tomó en cuenta las opiniones de los perjudicados. La ampliación del Reinfo fue aprobada, pese a que el Ministerio de Energía y Minas (Minem), el Ministerio del Ambiente (Minam), la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, organizaciones indígenas, civiles y especialistas expresaron su rechazo a esta medida. La falta de consulta a las poblaciones perjudicadas a la minería ilegal, sin considerar a los entes especializados, y la premura con que se aprobó la norma (el mismo día se aprobó en comisión y en el Pleno) refleja el apoyo del Congreso a esta actividad sin considerar los impactos ambientales y sociales.  

3. La norma obstaculiza una formalización real y efectiva. El argumento de los legisladores que apoyaron esta ampliación se basa en el supuesto impulso de la formalización de la pequeña minería y minería artesanal en el Perú; sin embargo, la iniciativa constituye una amenaza porque promueve la permisibilidad a las personas naturales y/o jurídicas que, bajo su inscripción en el Reinfo, continúan operando sin completar el proceso de formalización, si cumplir los estándares mínimos de cuidado ambiental y eludiendo las acciones de control de criminalidad por minería ilegal que realiza la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), debido a que su inscripción y permanencia en el Reinfo los exime de responsabilidad penal.

4. La ampliación crea incertidumbre y perpetúa la excepcionalidad. Desde el 2002, mediante la Ley 27651[1], se incorporó en la legislación minera el marco legal de promoción de formalización de la pequeña minería y la minería artesanal; posteriormente, desde el 2012, con el Decreto Legislativo 1105, se establecieron los requisitos, plazos y procedimientos para el proceso de formalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal y, desde 2016, con el Decreto Legislativo 1293, se creó el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), bajo la supervisión de la Dirección General de Formalización Minera (DGFM) del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Han pasado más de 20 años y este proceso ha sido prorrogado en cuatro ocasiones, sin cumplir la promesa de regular adecuadamente estas actividades. Aunque se emitieron medidas clave, como las de 2011 y 2012, el objetivo de formalización no se ha alcanzado. Así, llegamos al 2024, y el Congreso sigue extendiendo plazos, facilitando la expansión de la minería ilegal, especialmente en regiones amazónicas como Madre de Dios, Loreto y Amazonas, donde la biodiversidad está siendo devastada.

5. Impulsa impactos ambientales directos y alarmantes. Las operaciones bajo el rótulo de "en proceso de formalización" no detienen la deforestación ni la contaminación por mercurio, principales consecuencias de la minería informal. En este sentido, se alejan de la promoción de una responsabilidad ambiental, social y fiscal efectiva en todas las actividades mineras.

El proceso de formalización minera debe ser una herramienta efectiva para regular la pequeña minería y minería artesanal, promoviendo una actividad que respete nuestro entorno y las leyes que lo protegen.

Por todo ello, instamos al Ejecutivo observar la norma y al Congreso de la República a priorizar medidas que impulsen la culminación del proceso de formalización minera en el corto plazo.

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[1] Ley de formalización y promoción de la pequeña minería y minería artesanal