Seguridad y ambiente: la conexión pendiente en el debate electoral
Escribe: Isabel Calle / Directora Ejecutiva de la SPDA
En el Perú solemos abordar los temas ambientales como si se trataran únicamente de contaminación o de impactos específicos a los ecosistemas. Rara vez los conectamos con uno de los principales problemas que hoy preocupa a la ciudadanía: la inseguridad. Esta desconexión también se refleja en el debate electoral. Aunque la seguridad ciudadana es la principal preocupación del país, la agenda ambiental aparece de manera marginal en los planes de gobierno y casi nunca vinculada a las estrategias de lucha contra el crimen.
Mantener separadas estas agendas debilita la capacidad del Estado para enfrentar el crimen organizado. El debate público suele centrarse en la criminalidad urbana como si se tratara de un fenómeno aislado. Pero una parte sustantiva de la inseguridad en el Perú está vinculada al control territorial y al acceso a recursos naturales estratégicos.
La minería ilegal, la tala ilegal, el narcotráfico y el tráfico de fauna son economías criminales interconectadas que producen flujos financieros significativos, redes de lavado de activos y estructuras de violencia organizada. En muchos casos, financian extorsión, sicariato, trata de personas y corrupción institucional. Por eso, cuando las estrategias de seguridad se limitan a respuestas policiales sin enfrentar las bases económicas del crimen organizado, la violencia se reproduce. Las redes mantienen su financiamiento y trasladan sus operaciones entre territorios rurales y urbanos. Sin una agenda ambiental robusta integrada a la política de seguridad, las respuestas resultan parciales.
Además, el avance de estas economías ilegales tiene impactos directos en los derechos humanos. Líderes indígenas y defensores ambientales que protegen sus territorios enfrentan amenazas, ataques y asesinatos. Estos hechos no son conflictos ambientales aislados, son expresiones de estructuras criminales que disputan el control territorial. La limitada judicialización de estos casos refleja debilidades institucionales que alimentan la impunidad y perpetúan la violencia.
El proceso electoral plantea interrogantes relevantes. Propuestas orientadas a debilitar capacidades institucionales ambientales, reducir la autonomía técnica o restar importancia a la fiscalización pueden tener efectos directos en la capacidad del Estado para controlar economías ilegales. Cuando el Estado pierde capacidad de gobernanza ambiental —es decir, cuando se debilitan la fiscalización, el monitoreo, la regulación y la presencia institucional sostenida en el territorio— se generan condiciones propicias para la expansión de estas economías ilícitas. En un contexto de expansión del crimen organizado, debilitar la institucionalidad ambiental no reduce la burocracia: reduce la capacidad del Estado para ejercer autoridad en el territorio.
En diversas regiones del país, la ausencia sostenida del Estado ha permitido que actores ilegales asuman funciones de control económico y social. Operativos puntuales no sustituyen presencia institucional permanente. Sin una estrategia territorial integral que articule seguridad, gobernanza ambiental y desarrollo sostenible, las economías ilegales se reorganizan y expanden.
Por tanto, la fiscalización ambiental debe entenderse como una herramienta estratégica de seguridad pública. Permite identificar actividades ilícitas, cortar cadenas económicas del delito y reducir incentivos para la ilegalidad. Debilitarla no reduce la criminalidad: amplía los espacios de impunidad.
La seguridad ciudadana, gobernanza ambiental y fortaleza institucional forman parte del mismo sistema. Sin control ambiental efectivo del territorio, las economías ilegales encuentran condiciones para expandirse. Y sin enfrentar esas economías, cualquier política de seguridad urbana será insuficiente.
En el 2026 no bastará con prometer más policías o estados de emergencia: los candidatos deberán explicar cómo enfrentarán las economías ilegales que financian la violencia y cómo garantizarán que el Estado recupere el control ambiental y territorial del país. Sin eso, la promesa de seguridad será incompleta.
