Proponen hoja de ruta para una conservación basada en derechos en Perú
El Perú se ha comprometido a conservar el 30 % de sus ecosistemas terrestres, marinos y de aguas continentales al 2030. Para alcanzar esa meta global, conocida como «30×30», se requiere un modelo de basado en derechos que reconozca a los pueblos indígenas y a las comunidades locales como socias, y no como beneficiarias, de la conservación.
Así lo plantea el documento Gobernanza basada en derechos para la conservación de la biodiversidad en Perú del Centro para la Investigación Forestal Internacional y el Centro Internacional de Investigación Agroforestal (CIFOR-ICRAF) en el marco del proyecto Diálogos de Conservación en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
Según la publicación, el país debe consolidar un modelo de gobernanza basada en derechos que integre evidencia científica y saberes ancestrales, garantice la participación efectiva de pueblos indígenas y comunidades locales y promueva la distribución equitativa de los beneficios, en coherencia con los compromisos asumidos en el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal y en la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2050.
El informe recoge los aportes de los diálogos realizados en Lima, en 2025, en colaboración con la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), donde participaron representantes del Ministerio del Ambiente (Minam), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), organizaciones indígenas, academia y sociedad civil.
Una gobernanza basada en derechos
Los diálogos nacionales se llevaron a cabo en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú para contribuir a la implementación de enfoques basados en derechos para la conservación de la biodiversidad en la Amazonía andina.
A partir de esas discusiones, en Perú se propone entender la conservación como un proceso construido desde los territorios. Esto implica la participación efectiva de los pueblos indígenas, las comunidades locales, las mujeres y los jóvenes en el diseño, la implementación y el monitoreo de las iniciativas de conservación.
“La conservación solo será efectiva si está basada en derechos”, aseguró Silvana Baldovino, directora de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la SPDA. “El compromiso del país con la meta 30×30, por tanto, debe traducirse en decisiones concretas para garantizar la participación plena de los pueblos indígenas como titulares de derechos y actores centrales de la conservación”.
Además, señala que una conservación efectiva debe combinar la evidencia científica con los saberes ancestrales, garantizando múltiples miradas y realidades.
En el caso de las Áreas Naturales Protegidas (ANP), el documento resalta el rol de los Comités de Gestión, como espacios de mayor importancia para la gestión de estas áreas.
El enfoque también demanda una mejor articulación entre niveles de gobierno, marcos normativos claros, instituciones transparentes y acceso a información culturalmente pertinente. Estas condiciones permitirían fortalecer la participación ciudadana, prevenir conflictos socioambientales y consolidar prácticas de conservación más equitativas y legítimas.
Una hoja de ruta en común
A partir de esa visión, en Perú se proponen cuatro líneas de acción prioritarias para horizontes de corto, mediano y largo plazo. Entre ellas se incluyen fortalecer la toma de decisiones basada en evidencia científica y saberes ancestrales, promover una participación más representativa y asegurar una distribución equitativa de los beneficios vinculados a la conservación.
El informe también identifica condiciones habilitantes para avanzar en esta agenda, como voluntad política sostenida, asignación presupuestal adecuada, fortalecimiento institucional y mecanismos interculturales para la prevención y resolución de conflictos.
Dato:
Gobernanza basada en derechos para la conservación de la biodiversidad en Perú es parte de una serie regional de recomendaciones nacionales elaboradas en el marco del proyecto Diálogos de Conservación en Bolivia, Colombia y Ecuador.
El proyecto es impulsado en colaboración con la Alianza para el Clima y el Uso de la Tierra (CLUA, por sus siglas en inglés) y la Fundación Gordon & Betty Moore.
