Balance ambiental 2025: Una agenda inconclusa y oportunidades para el próximo gobierno

Por Isabel Calle / directora ejecutiva de la SPDA

El 2025 ha sido un año desafiante para el país. Por un lado, se ha avanzado con normativas y compromisos internacionales que colocan al Perú en una posición relevante en la agenda global. Por otro, persisten decisiones políticas y vacíos de implementación que debilitan seriamente la protección del ambiente, los derechos humanos y el interés público. 

Uno de los principales retrocesos ha sido la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Las sucesivas prórrogas han desnaturalizado este mecanismo excepcional y han consolidado un escenario de impunidad, donde miles operan sin instrumentos de gestión ambiental, sin fiscalización efectiva y sin asumir responsabilidad por los daños que generan, especialmente en la Amazonía. El próximo gobierno tiene la oportunidad, y la obligación, de cerrar definitivamente este ciclo, reformulando la política de formalización minera con criterios técnicos y una clara separación entre formalización y minería ilegal. 

A esto se suma una tendencia preocupante por debilitar a la sociedad civil. La modificación de la Ley APCI afecta directamente a la ciudadanía al restringir la participación, el acceso a la justicia y la vigilancia ciudadana. La vaguedad de algunas de sus disposiciones abre la puerta a interpretaciones arbitrarias y genera un clima de autocensura incompatible con los estándares democráticos internacionales. Un próximo gobierno debe entender que una sociedad civil fuerte no es un obstáculo, sino una aliada para una mejor gobernanza ambiental y democrática. 

Pero existen bases sobre las cuales construir avances ambientales sólidos. En el plano internacional, uno de los hitos más relevantes ha sido la firma del Tratado de Altamar (BBNJ) por parte del Perú. Este es una herramienta clave para la protección de la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales, permitiendo la creación de áreas marinas protegidas en alta mar y el fortalecimiento de la gobernanza oceánica. La ratificación del tratado constituye una decisión estratégica que el próximo Congreso debe priorizar para asumir un liderazgo real en la protección del océano Pacífico. 

Además, recibimos la Opinión Consultiva 32 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre emergencia climática y derechos humanos y la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que reafirman la obligación de los Estados de prevenir daños ambientales, proteger a las personas defensoras y garantizar el acceso a la justicia frente a los impactos del cambio climático. Estas herramientas deben fortalecer la labor de jueces y juezas en la protección del ambiente y del clima, siguiendo los estándares desarrollados por el derecho internacional.  

A nivel nacional, la sentencia del caso Saweto marca un precedente histórico. La ratificación de la condena contra los responsables del asesinato de los líderes ashéninkas Edwin Chota, Leoncio Quintisima, Jorge Ríos y Francisco Pinedo no solo reconoce el daño causado a sus familias, sino que envía un mensaje claro frente a la violencia contra quienes defienden los bosques y los territorios indígenas. Este fallo reafirma la necesidad de pasar del reconocimiento formal de los defensores ambientales a una protección efectiva, con capacidad de prevención, respuesta rápida y seguimiento real en el territorio. 

El próximo gobierno tiene ante sí una oportunidad clave: pasar de una política ambiental fragmentada y reactiva a una visión integral que articule ambiente, derechos humanos y desarrollo sostenible. Más aún con una Estrategia Nacional ante el Cambio Climático al 2050 aprobada y compromisos actualizados en el marco del Acuerdo de París. Cerrar los espacios de impunidad ambiental, garantizar justicia para defensores, ratificar el Tratado de Altamar y fortalecer la participación ciudadana son decisiones estructurales que definirán el bienestar del país y su credibilidad democrática en los próximos años.  

En medio de estos avances y retrocesos, en medio de una inestabilidad política y de intentos por desequilibrar lo participación y el monitoreo ciudadano persisten las iniciativas desde la academia, la prensa, las ONG y la propia ciudadanía que no solo reclaman espacios de diálogo sobre las decisiones que nos impactan a todos, sino que desde la creatividad diseñan, investigan, proponen y reaccionan para contribuir a un desarrollo y bienestar humano. Por su lado, la SPDA se mantiene más incansable y motivada que nunca por seguir trabajando hacia la defensa de los derechos humanos ambientales y la protección y puesta en valor de nuestro patrimonio natural desde la equidad, la inclusión y la innovación.