Autoridades, investigadores y sociedad civil reflexionan sobre titulación de pequeños productores y conservación de bosques en la Amazonía peruana

El 22 de setiembre, la SPDA, la PUCP y la Universidad de Wisconsin-Madison (Estados Unidos) organizaron el taller “Titulación de pequeños productores y conservación de bosques en la Amazonía peruana: lecciones aprendidas y estrategias de mejora”, que convocó profesionales con experiencia en titulación de tierras en la amazonía y su relación con la conservación de bosques, pertenecientes a sociedad civil, cooperación internacional, sector público nacional y subnacional, y gremios de productores.

“Mucha de la selva con alta biodiversidad crece donde hay incertidumbre sobre la posesión de la tierra, y esto produce vulnerabilidad tanto para comunidades en situación de pobreza como para el bosque. Este es un tema importante para el Perú, donde se estima que decenas de miles de familias viven sin título en la selva. Por ello, la pregunta que guía nuestro taller es: ¿en qué condiciones podría la titulación de tierras desacelerar la deforestación de la selva amazónica?” – indica la Dra. Lisa Naughton, de la Universidad de Wisconsin-Madison con relación al objetivo del evento.

De acuerdo con la plataforma Geobosques, solo en 2025 se perdieron más de 114 000 hectáreas de bosque Amazónico en el país, mayormente en áreas no más grandes que cinco hectáreas. De acuerdo a la data identificada por el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés), la mayor causa de dicha deforestación es la agricultura.

En este contexto, en el evento se compartieron resultados de investigaciones en Perú y Brasil vinculados a titulación de tierras y deforestación, así como avances y reflexiones sobre dichos procesos de parte del MIDAGRI, GORE San Martín y GORE Ucayali. Al finalizar el evento, se generó un espacio de reflexión conjunta entre los participantes, enriquecido por la diversidad de experiencias y roles de actores clave, en el cual se respondió a preguntas como: ¿Qué criterios/reglas debería usar el Estado para decidir dónde titular/formalizar?, ¿qué cambios en la coordinación interinstitucional son claves para que el proceso de titulación funcione con consideraciones ambientales?, ¿qué incentivos o mecanismos pueden hacer que un pequeño productor ya titulado opte por un modelo productivo sostenible que conserve el bosque?

Estas preguntas permitieron identificar oportunidades de mejora como considerar criterios geográficos, ecológicos y la zonificación al momento de decidir dónde formalizar la tenencia de la tierra; fortalecer la coordinación interinstitucional para resolver superposiciones de derechos y facilitar el intercambio de información catastral; brindar mejores incentivos financieros y no financieros para fomentar que los pequeños productores cuenten con mejores condiciones para implementar modelos productivos sostenibles que eviten deforestación; entre otros.

Para José Luis Capella, Director del Programa de Bosques y Servicios Ecosistémicos, el ejercicio de reflexión conjunta derivó en “reconocer la complejidad de la tarea de formalizar la tenencia de tierras con bosques, al mismo tiempo que se busca detener la deforestación”. Resaltó que “se logró obtener aportes estratégicos basados en la práctica y experiencia, identificando brechas en articulación intersectorial (especialmente en sectores, pero también en niveles nacional/regional/local), necesidades de contar con una base de información confiable y unificada como un catastro único, fortalecer instrumentos que complementen o reemplacen eficazmente a la clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor, y encontrar mecanismos de gestión del patrimonio forestal y de fauna silvestre que aseguren formalidad sin pérdida de bosques, por ejemplo, las CCUSAF”.

Esto debido a que existe una dificultad en implementar realmente la regulación vigente, que tipifica sanciones penales y administrativas para la deforestación, y prohíbe otorgar títulos de propiedad en tierras forestales o de protección. Asimismo, la norma dispone que aquellas personas que tienen títulos de propiedad no pueden deforestar o cambiar el uso del suelo sin tener una autorización previa. Sin embargo, además de que esto no siempre se cumple en la práctica, normas recientes como la Ley 31973, que modificó la Ley Forestal y de Fauna Silvestre en 2024, han generado un escenario que exime la realización de los procesos de clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor y posterior autorización de cambio de uso de suelo a las áreas deforestadas antes de Enero de 2024, convirtiéndose en un posible incentivo y legitimación de la deforestación.   

De acuerdo con el especialista Pablo Peña, de la PUCP, este espacio compartido entre sociedad civil, centros de investigación, entidades del gobierno nacional y de los gobiernos regionales fue clave para “aprender de experiencias de otros países y de la evidencia científica, y así ayudar a construir mejores políticas públicas que permitan mejorar los medios de vida de los pequeños agricultores en la Amazonía, con condiciones de tenencia de la tierra que también promuevan la conservación en estos paisajes”.