El informe Global Witness 2022 confirmó que Perú se encuentra entre los países más peligrosos del mundo para los defensores del medio ambiente. Los números respaldan este hallazgo: desde abril 2020, 17 personas defensoras del ambiente han sido asesinadas. La situación se agrava en aquellas regiones que cuentan con importantes recursos, como es el caso de Madre de Dios.
Dos de estos asesinatos de defensores peruanos sucedieron en la región Madre de Dios. Ubicada en el sureste de Perú, esta región ocupa el 11 % de la Amazonía peruana. Hasta la década de los 90 fue la región mejor preservada y es considerada una de las regiones de mayor biodiversidad del mundo, con más de 3.8 millones de hectáreas ocupadas por áreas naturales protegidas y en la que coexisten ocho pueblos indígenas. Pero esta región es, además, la cuna de la minería ilegal y sus actividades ilegales conexas. Los conflictos han incrementado y, actualmente, su biodiversidad y las personas defensoras del ambiente se encuentran seriamente amenazadas.
Es en este contexto que la UICN NL y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), con apoyo de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), presentan el proyecto “Protección inclusiva de defensores y defensoras ambientales en la Amazonía” (PIDDA derechos), que tiene como fin contribuir al fortalecimiento y aplicación del sistema de protección de personas defensoras de derechos ambientales desarrollado en el Perú, bajo un enfoque intercultural y de género. La Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad) y el Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata, son aliados clave para el logro de este objetivo.
Liliana Jaúregui, experta senior en justicia ambiental de la UICN NL, señala que “mejorar las condiciones de los defensores y las defensoras ambientales pasa por conocer a profundidad los impactos diferenciados que las actividades degradantes del ambiente significan para la vida y los derechos de mujeres, indígenas y jóvenes. Y pasa por crear las condiciones para que estas poblaciones puedan participar en el diseño de políticas públicas que les garanticen el pleno ejercicio de sus derechos”.
El proyecto busca fortalecer el sistema de protección peruano a través de intervenciones de análisis de la situación de personas defensoras ambientales y sus derechos de acceso específicamente de mujeres, comunicadores y jóvenes. Además del fortalecimiento institucional de las dos principales organizaciones de defensores ambientales en Madre de Dios, y la incidencia nacional e internacional. Al final del proyecto, se desarrollará una hoja de ruta que apoya a las instituciones peruanas en fortalecer su política, enfatizando la perspectiva de género e intercultural.
Entre los principales resultados de este proyecto, se encuentra el diseño de propuestas normativas desde la sociedad civil y organizaciones indígenas, que se basen en diagnósticos con enfoque de género e intercultural. De esta manera, por primera vez, se conocerá las particularidades de la problemática y amenazas de las mujeres defensoras del ambiente y se diseñarán propuestas normativas que respondan a sus características específicas. Asimismo, se capacitará a personas defensoras de Madre de Dios, buscando fortalecer sus capacidades para protegerse de las amenazas que enfrentan.
Para Silvana Baldovino, directora del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la SPDA, es fundamental que exista un enfoque diferenciado por género cuando se trata de defensoras de derechos humanos. “Debemos reconocer y evidenciar que estas mujeres, al realizar su labor de promoción y defensa de los derechos humanos, se enfrentan a desafíos fuertes y constantes que incluyen la discriminación por género y sexo, y es en este contexto que se deben adoptar medidas de protección específicas para ellas. A través de PIDDA, generamos los espacios necesarios para promover el conocimiento e internalización de sus derechos y opciones para hacerlos efectivos, buscando así aportar para disminuir progresivamente esta brecha y fortalecer sus capacidades y generar condiciones para su defensa», explicó.
Clément Larrue, director de la AFD en Peru, comentó que “al trabajar para la resolución de conflictos socioambientales con todos los actores, el proyecto contribuirá a luchar tanto por la justicia social como por la sostenibilidad ecológica; dos de las más altas prioridades de la AFD en el país. Asimismo, las acciones destinadas a reforzar los mecanismos de protección de los derechos del medio ambiente permitirán una mejor consideración de los retos de conservación de la biodiversidad en el seno de las políticas públicas. Este proyecto promueve un enfoque interseccional innovador en materia de gobernanza de los problemas medioambientales: esperamos que este proceso de experimentación podría dar lugar a iniciativas de mayor alcance nacional y/o regional”.
UICN NL es el Comité Nacional en los Países Bajos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), la unión más grande para la conservación de la naturaleza en el mundo. El objetivo de UICN NL es salvaguardar la naturaleza como base de toda la vida en la tierra. IUCN NL tiene más 30 años de experiencia en la región, especialmente en el trabajo con defensores de derechos ambientales en Perú e internacionalmente, y más de 40 años de experiencia en la cooperación internacional, trabajando con gobiernos, organizaciones multilaterales, organizaciones de la sociedad civil y pueblos indígenas.
La SPDA tiene 36 años de experiencia en el fortalecimiento del marco legal y las políticas públicas relacionadas con la protección y defensa del medio ambiente en Perú. Desde 2018 trabaja de la mano con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y otros dos organismos del Estado peruano para la creación y fortalecimiento del sistema de protección de DDA. Con un equipo muy fuerte de abogadas y abogados realiza investigaciones sobre políticas públicas y legislación ambiental. Ademas, trabaja para fortalecer las capacidades del sector público, sociedad civil y poblaciones vulnerables/indígenas en estrecho diálogo y colaboración con organismos del Estado.
La AFD implementa la política de Francia en materia de desarrollo y de solidaridad internacional. Junto con sus socios, la AFD desarrolla soluciones las cuales benefician las poblaciones destinatarias de los países emergentes y en desarrollo. Sus equipos trabajan en más de 4 000 proyectos locales en 115 países, así como en territorios en crisis, en beneficio de los bienes comunes como el clima, la biodiversidad, la paz, la igualdad de género, la educación o la salud. De esta manera contribuya al compromiso de Francia y de los franceses en favor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).