Día Mundial del Ambiente: una agenda pendiente para el Perú que viene

 Escribe: Isabel Calle / Directora Ejecutiva de la SPDA

Mientras escribo estas líneas, amplias zonas de Europa enfrentan nuevas olas de calor extremo. Las temperaturas vuelven a romper récords, los sistemas de salud se preparan para atender a las poblaciones más vulnerables y las ciudades buscan adaptarse a una realidad climática que hace apenas unos años parecía lejana. En el Perú, conocemos por la experiencia de las últimas épocas los impactos de El Niño y no parece que estemos preparados para el que se anuncia este año. Asimismo, observamos el retroceso acelerado de nuestros glaciares, enfrentamos una creciente inseguridad hídrica y vemos cómo la Amazonía se acerca a niveles de deterioro y puntos de inflexión que podrían tener consecuencias irreversibles. 

Sin embargo, pese a todas estas señales, el ambiente continúa ocupando un lugar marginal en el debate político nacional. Y, quizás, ese sea uno de los mayores errores estratégicos que estamos cometiendo como país. 

Este Día Mundial del Ambiente nos encuentra además en un momento particularmente importante: el inicio de un nuevo ciclo político. En las próximas semanas conoceremos cuáles serán las prioridades que orientarán al próximo Gobierno y al próximo Congreso, y la pregunta es inevitable: ¿qué lugar ocupará el ambiente? 

La respuesta importa porque el Perú es simultáneamente uno de los países más biodiversos del planeta y uno de los más vulnerables al cambio climático. Importa porque dependemos de nuestros ecosistemas para garantizar agua, alimentos, energía y bienestar. Importa porque nuestra economía sigue descansando en gran medida sobre el aprovechamiento de recursos naturales. E importa porque los impactos ambientales ya no son una amenaza futura, son una realidad que afecta la vida cotidiana de millones de peruanos y peruanas. 

Lamentablemente, durante los últimos años hemos observado una tendencia preocupante. El país ha debilitado progresivamente su institucionalidad ambiental, ha perdido protagonismo en la agenda ambiental internacional, ha flexibilizado estándares de protección y ha permitido el crecimiento de actividades ilícitas que destruyen ecosistemas, alimentan la corrupción y debilitan la presencia del Estado. 

Por ello, una primera prioridad debería ser recuperar una visión estratégica del Perú frente a las grandes transformaciones globales que ya están en marcha. El mundo está discutiendo cómo acelerar la transición energética, cómo reducir su dependencia de los combustibles fósiles, cómo adaptarse al cambio climático y cómo proteger la biodiversidad. Los mercados internacionales están incorporando exigencias ambientales cada vez más rigurosas. Las inversiones buscan proyectos resilientes y sostenibles. Los sistemas financieros evalúan riesgos climáticos. Sin embargo, el Perú sigue sin tener una posición clara sobre muchos de estos temas.   

Necesitamos preguntarnos cuál será nuestra contribución a la acción climática global, cómo fortaleceremos nuestras metas climáticas, cómo implementaremos nuestro Plan Nacional de Adaptación y cuál será nuestra posición frente a debates tan importantes como el acuerdo global sobre contaminación por plásticos o la transición hacia economías menos dependientes de combustibles fósiles. 

La biodiversidad ocupa un lugar central en esta discusión. El año 2030 se ha convertido en una fecha límite para alcanzar la meta global de conservar al menos el 30 % de los ecosistemas terrestres y marinos. El Perú ha logrado avances importantes en la protección terrestre, pero mantiene un rezago significativo en materia de conservación marina. La pregunta no debería ser si protegemos o no nuestros ecosistemas; la verdadera pregunta es cómo logramos que la conservación se convierta en una política de desarrollo capaz de generar oportunidades, bienestar y seguridad para las futuras generaciones. 

Una segunda prioridad es enfrentar con decisión el crecimiento de las economías ilegales. La minería ilegal se ha convertido en una de las principales amenazas para la Amazonía, para la gobernabilidad y para la seguridad nacional. A ella se suman la tala ilegal, el tráfico de fauna, el tráfico de tierras y la expansión desordenada de actividades que operan al margen de la ley.  

Estas actividades no son únicamente problemas ambientales, sino son expresiones de redes criminales que capturan territorios, corrompen instituciones, generan violencia y deterioran la confianza ciudadana. Combatirlas exige mucho más que operativos aislados. Requiere inteligencia financiera, presencia efectiva del Estado, fortalecimiento institucional, coordinación entre niveles de gobierno y alternativas económicas sostenibles para las poblaciones locales. 

La tercera prioridad es reconstruir la gobernanza ambiental. El Ministerio del Ambiente fue creado en 2008. Durante algunos años logró posicionar al Perú como un actor relevante en la agenda ambiental internacional. Sin embargo, ese liderazgo se ha debilitado. Hoy necesitamos preguntarnos cómo fortalecer nuevamente al sector ambiental para que pueda liderar las grandes transiciones que el país enfrenta en los ámbitos energético e industrial, así como la transformación de nuestras ciudades y la gestión sostenible del territorio. 

Quizás uno de los errores más persistentes de nuestra discusión pública sea seguir tratando el ambiente como una agenda separada de la economía. La crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la contaminación no son únicamente problemas ambientales, sino son también problemas económicos, de competitividad, de desarrollo. 

Debemos recuperar una convicción democrática básica: los problemas ambientales no se resuelven sin participación ciudadana. Las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades locales, los pueblos indígenas, la academia y los ciudadanos en general han contribuido durante décadas a la construcción de políticas públicas, a la vigilancia del interés público y a la protección de nuestros ecosistemas. Sin embargo, en los últimos años hemos observado crecientes restricciones a la participación y una preocupante estigmatización de las organizaciones no gubernamentales. Una democracia sólida requiere más participación, más transparencia y más diálogo, no restricciones a quienes contribuyen a enriquecerla. 

La agenda ambiental que el Perú necesita para los próximos años no es tan solo una agenda del Ministerio del Ambiente. Necesitamos una agenda multisectorial y multinivel, de desarrollo, competitividad, seguridad, salud pública y fortalecimiento democrático.  

Durante demasiado tiempo hemos actuado como si el ambiente pudiera esperar, como si siempre hubiese una urgencia más importante. Pero las olas de calor, las inundaciones, las sequías, la pérdida de bosques, la contaminación y el avance de las economías ilegales nos recuerdan exactamente lo contrario. La verdadera discusión no es cuánto le cuesta al Perú proteger su patrimonio natural. La verdadera discusión es cuánto nos está costando seguir perdiéndolo. 

El próximo Gobierno y Congreso tendrán la oportunidad y la responsabilidad de decidir si continuamos administrando las consecuencias de la crisis o si finalmente empezamos a construir las soluciones. Porque el ambiente dejó hace mucho tiempo de ser una agenda de especialistas. Hoy es una condición indispensable para el desarrollo, la gobernabilidad y el futuro del país.