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La Comisión de Energía y Minas del Congreso ha elaborado una propuesta en la que plantea reformar el régimen de concesiones mineras en aspectos como las penalidades, derecho de vigencia y la caducidad de concesiones; sin embargo, desde la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) se alerta que, pese a la importancia, esta iniciativa no considera aspectos ambientales clave que contribuyan a mejorar y fortalecer este régimen.
Esta propuesta tiene sus antecedentes entre 2024 y 2025, cuando se presentaron nueve proyectos de ley impulsados por distintas bancadas del Congreso con la finalidad de incluir cambios artículos de la Ley General de Minería.
Ahora, la Comisión de Energía y Minas ha planteado un Texto Sustitutorio conservando algunos aspectos de dichos proyectos de ley, proponiendo la modificación de los artículos 9, 10, 39, 40, 42 y de la Ley General de Minería y adicionando los artículos 9-A y 42-A.
En la exposición de motivos del texto sustitutorio, se plantea que hay un problema relacionado a un considerable número de hectáreas concesionadas bajo el régimen minero que no se encuentran operando y, por lo tanto, no están brindando los beneficios económicos esperados.
Por tanto, se plantea una serie de modificaciones que incentivarían a los titulares a mantener las actividades de producción y de inversión mínimas necesarias para percibir dichos beneficios económicos. Entre estas modificaciones se encuentran la reducción del plazo para declaratoria de caducidad y el aumento de penalidades por la falta de producción.
Incluso, se propone que, si determinadas condiciones más estrictas no se dan, se propone revertir y, por lo tanto, quitar los derechos mineros a los actuales titulares para entregarlo a nuevos, entre ellos a quienes se encuentran en el marco del proceso de formalización minera registrados en el Reinfo.
Sin embargo, esta propuesta no ha considerado a los aspectos ambientales como un factor que influye en la competitividad y sostenibilidad del país para el sector minería.
Por tanto, la SPDA, a través del “Informe Legal sobre la propuesta del régimen de concesiones mineras y combate a la ‘ociosidad’ territorial” plantea ciertos aspectos ambientales que deben ser incluidos, como, por ejemplo, la acreditación de la obtención de la certificación ambiental correspondiente como requisito indispensable para mantener vigente el título de concesión.
“Hace unos días, el Congreso de la República ha publicado un predictamen que acumula 9 iniciativas legislativas que, desde el 2024, intentan castigar las concesiones mineras ‘ociosas’ y revertirlas a favor del Estado para que este pueda entregarlas, entre otros, a concesionarios mineros inscritos en el Reinfo, es decir, a exmineros ilegales en vías de formalización. Esto cobra mayor preocupación en un contexto actual, donde existe una impunidad a la informalidad”, señaló Carol Mora, directora de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA.