Elecciones 2026: Una oportunidad para el compromiso ambiental
Escribe: Isabel Calle / Directora ejecutiva de la SPDA
El proceso electoral que atraviesa el Perú llega en un contexto de profunda desconfianza ciudadana, debilitamiento institucional y expansión de economías ilegales que afectan gravemente a los territorios, al ambiente y a las personas. Sin embargo, lejos de ser solo un escenario de riesgo, estas elecciones también son una oportunidad clave para reordenar prioridades y exigir compromisos claros frente a los desafíos ambientales del país.
Uno de los mayores retos del actual escenario electoral es la normalización de propuestas que relativizan la protección ambiental. La presencia de candidaturas vinculadas al Reinfo y a intereses asociados a la minería ilegal evidencia hasta qué punto este mecanismo ha sido desnaturalizado. En paralelo, algunas candidaturas plantean la eliminación o fusión del Ministerio del Ambiente, desconociendo su rol central en la articulación de políticas públicas, el cumplimiento de compromisos internacionales y la protección de derechos fundamentales.
Estos discursos no son menores y debe quedar claro que debilitar la institucionalidad ambiental no solo afecta la conservación de la biodiversidad, sino que tiene impactos directos en la salud, la seguridad, la economía y la gobernabilidad democrática del país. En territorios donde el Estado se retira o se fragmenta, avanza la criminalidad organizada, se agudizan los impactos ambientales y la vulneración sistemática de derechos humanos, especialmente contra pueblos indígenas y personas defensoras del ambiente.
Pero el proceso electoral también abre una oportunidad para elevar el nivel del debate público. Frente a la expansión de las economías ilegales, el país necesita discutir con seriedad estrategias integrales para enfrentar la minería ilegal y el crimen organizado, que vayan más allá de respuestas coyunturales y combinen presencia efectiva del Estado, oportunidades locales reales y protección de las personas que defienden sus territorios.
Asimismo, las elecciones son una ocasión para reafirmar el valor de la institucionalidad ambiental y de la participación ciudadana. Una democracia sólida requiere instituciones ambientales fuertes, capaces de coordinar, fiscalizar y planificar a largo plazo, así como una sociedad civil activa que vigile, proponga y contribuya a mejores decisiones públicas. Lejos de ser un obstáculo, la participación ciudadana es una condición indispensable para una gobernanza ambiental eficaz y legítima.
En el plano internacional, el Perú cuenta con compromisos y herramientas que deben ser parte de la discusión electoral. La firma del Tratado de Altamar, las obligaciones derivadas del Acuerdo de París y los estándares desarrollados recientemente por el derecho internacional en materia de cambio climático y derechos humanos ofrecen una hoja de ruta clara. Cumplir con estos compromisos es invertir en bienestar, sostenibilidad y credibilidad democrática.
El proceso electoral de 2026 es, en suma, una oportunidad para que candidatas y candidatos definan con claridad su posición frente al ambiente, los derechos humanos y el modelo de desarrollo que proponen para el país. También lo es para que la ciudadanía exija propuestas concretas, viables y responsables, y vote con información sobre lo que está en juego. Poner el ambiente en el centro del debate electoral no es una agenda sectorial ni ideológica. Es una condición básica para garantizar un futuro con derechos, seguridad y bienestar para todas las personas.
