El Reinfo: una excepción que se volvió norma

Por Isabel Calle / directora ejecutiva de la SPDA

En 2016, el Estado creó un mecanismo excepcional para promover la formalización de la pequeña minería y la minería artesanal. Se trataba del Reinfo, un registro temporal pensado para ordenar la formalización de un sector que podía aportar al desarrollo del país con reglas claras y responsabilidad ambiental. La próxima semana, el Congreso de la República debatirá una nueva ampliación de este registro, convirtiendo la excepción en norma.

Con esta extensión, una vez más, el país seguirá atrapado en un sistema que no ha impulsado la formalización y que, por el contrario, ha generado incentivos para no cumplir la ley. La excepcionalidad se transformó en un refugio para miles de operadores que mantienen actividades sin estándares mínimos, sin fiscalización y sin responsabilidad por los daños que causan.

En varios territorios, la extensión del proceso de formalización ha promovido la ilegalidad liderada por organizaciones criminales que operan en zonas prohibidas y se vinculan con actividades como tráfico de insumos, trata de personas y violencia contra comunidades y defensores ambientales.

El deterioro ambiental que está provocando la minería ilegal es alarmante. Las actividades mineras han causado deforestación, contaminación por mercurio y degradación de ríos y suelos. En regiones como Madre de Dios y Loreto, los impactos ya comprometen la salud de las poblaciones locales, la calidad del agua y la integridad de ecosistemas que son esenciales para la vida.

El Congreso debe abstenerse de esta nueva ampliación. Por su lado, el Ejecutivo debe recurrir a las instancias necesarias para frenar un mecanismo que hace tiempo dejó de cumplir su propósito. Reconducir la política de formalización minera debe ser una prioridad. El país necesita decisiones que fortalezcan la fiscalización y pongan al centro la protección de las personas y la naturaleza.