Uno de los principales desafíos en América Latina —y especialmente en el Perú— es garantizar el acceso de la ciudadanía a la justicia ambiental. Es decir, a la posibilidad de que, ante sus demandas ambientales, puedan encontrar respuestas oportunas, rápidas y accesibles de parte de las autoridades.
Precisamente, uno de los temas que se viene abordando en la COP 30, que se realiza en Belém, Brasil, y que reúne a representantes de más de 190 países para debatir y decidir sobre las acciones frente a la crisis climática global, es sobre los desafíos y oportunidades para promover el acceso a la justicia ambiental en la región.
En ese contexto, el último martes 11 de abril se llevó a cabo el evento “Justicia climática y defensa territorial en América Latina: aprendizajes desde la educación legal clínica y el litigio estratégico”, con el objetivo de reflexionar sobre cómo a través de la educación clínica legal se contribuye a la defensa de las comunidades y territorios afectados por el cambio climático y, por tanto, se fortalece la justicia ambiental.
Durante este espacio, Wendy Ancieta, coordinadora jurídica de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, destacó el rol clave que cumplen las clínicas jurídicas ambientales en la actualidad debido a que se convierten en espacios donde los estudiantes pueden conocer, comprender y aplicar las herramientas para acceder a la justicia ambiental.
“Las clínicas jurídicas no solo son un compromiso con los jóvenes, sino con la justicia ambiental y con su acceso. En Perú, el derecho al acceso a la justicia ambiental no se ejerce de manera correcta. De acuerdo con una investigación que hemos realizado desde la SPDA, es porque no se difunden de manera correcta las herramientas para su acceso”, agregó.
Asimismo, la especialista explicó qué implica acceder de manera correcta a una justicia ambiental:
“La justicia ambiental parte de un acceso a la información que llega a tiempo, que se atiende y que llega al alcance de la ciudadanía para conocer, por ejemplo, el estado de una materia. En ese contexto, desde las clínicas promovemos el uso de herramientas legales para garantizar este acceso”, continuó.
El encuentro contó, además, con la participación de Lise Tupiassu, Estela da Conceicao, Andrés Dulanto y Lina Muñoz, quienes explicaron acerca de las clínicas jurídicas ambientales en la Universidad Federal de Pará, en la Universidad Federal de Bahía, en la Universidad Científica del Sur, y en la Universidad del Rosario, respectivamente. Además, la moderación estuvo a cargo de Miguel Barboza, de la Fundación Konrad Adenauer.
Cabe precisar que la metodología clínica es un modelo de enseñanza innovador que permite a los estudiantes de Derecho transitar de su rol de recepción de aprendizaje a uno más crítico y propositivo, que involucra, por tanto, la formulación de acciones.
Foto: Diego Pérez / SPDA
En febrero de 2025, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental lanzó la primera edición del Taller de Clínica Jurídica Ambiental de la SPDA, un espacio donde los estudiantes de Lima, Piura, Puno y Junín aplicaron los conocimientos y la información aprendida del derecho ambiental para diseñar estrategias jurídicas e innovadoras que contribuyen a la resolución de problemas ambientales reales.
Durante el desarrollo del taller, los jóvenes elaboraron estrategias legales sobre diversos temas, como la construcción de megapuertos, los vacíos legales en casos de contaminación, y las normas que generarían una regresión a la institucionalidad ambiental, entre otros temas clave de relevancia ambiental.