Empresas, derechos humanos y ambiente: Reflexiones desde el IX Foro Regional en Latinoamérica
Escribe: Wendy Ancieta / Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA
Durante los días 9, 10 y 11 de abril miembros de la sociedad civil, pueblos indígenas, representantes de gobiernos y del sector empresarial de diversos países de Latinoamérica y el Caribe se congregaron en Sao Paulo, Brasil, para el IX Foro Regional de Empresas y Derechos Humanos.
Este espacio tan importante de conversación, reflexión e intercambio de ideas tuvo como tema central “El respeto a los Derechos Humanos: Debates en torno al rol de las empresas y el Estado para una debida diligencia con las personas y el ambiente en el centro”. Ciertamente, los espacios del Foro estuvieron dirigidos a debatir sobre la necesidad e importancia de la implementación de un proceso de debida diligencia en las actividades económicas con el objetivo de respetar, proteger y garantizar el ejercicio efectivo del derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado, el cual es conexo y gatilla el ejercicio de otros derechos como la vida, la salud, el trabajo, entre otros.
A continuación, presentaremos una breve reseña de 5 reflexiones que nos deja el IX Foro Regional de Empresas y Derechos Humanos:
1. Se debe reformar el modelo de negocio para garantizar la protección efectiva a los derechos ambientales
Durante los diversos espacios, los ponentes y asistentes llegaron a la conclusión de que, en efecto, los procesos de debida diligencia no son “la” ni “la única” solución al problema de la vulneración de derechos ambientales. De hecho, se reconoció que es una herramienta importante que, si es implementada de manera correcta, puede funcionar de manera efectiva. Para que los procesos de debida diligencia funcionen, se debe empezar por una reforma del modelo de negocio, considerando a los impactos ambientales no solo como una “externalidad negativa” que debe ser eliminada para garantizar la continuidad del negocio, sino ver a la gestión de los impactos ambientales como una oportunidad para reducir la posibilidad de afectar derechos humanos.
Así, las empresas tienen la obligación de involucrarse en los asuntos ambientales. Más allá de contar con una política de responsabilidad empresarial o un proceso de debida diligencia, deben medir los resultados de su implementación, para poder identificar posibles vulneraciones que inicialmente no han podido ser advertidas y, de no ser prevenidas o atendidas, resultaría en afectaciones irreversibles a los derechos de las comunidades que conviven alrededor de los proyectos de inversión, o afectar derechos de todo un país. Recordemos que el derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado es difuso, por lo que hay afectaciones a diversos componentes ambientales que podrían terminar impactando más allá de una zona de influencia directa.
2. Se debe evitar la captura corporativa del sistema democrático
Una realidad que golpea a la región Latinoamericana es que el sector empresarial puede tener más acceso a reformas de políticas y leyes, lo cual los ubica en una mejor posición para influir en las decisiones del gobierno. Por ello, los Estados deben evitar que, dentro de instancias públicas, se llegue a una captura de las entidades públicas, no solo promoviendo normas que regulen el régimen de los funcionarios públicos, sino abriendo espacio para que la ciudadanía en general, específicamente los que menos recursos tienen, puedan ser parte de los procesos de tomas de decisiones.
Pero ¿por qué se debe evitar la captura del sistema democrático? Tener autoridades que se encuentren influenciadas solo por un solo grupo impide que las decisiones cuenten con representatividad, y genera espacios amplios para la vulneración de derechos humanos. La idea de tener un Estado con bases democráticas es contar con separación de poderes y la posibilidad de que las voces de todos y todas sean escuchadas, y tomadas en cuenta en los diferentes espacios cívicos.
Foto: SPDA
Por ello, se debe promover desde el Estado el acceso a la información pública basada en principios como la interculturalidad, género e interseccionalidad, de manera que todos y todas puedan comprender los sustentos que dan origen a la toma de decisiones. Asimismo, se debe garantizar la rendición de cuentas, que no solo implica generar canales a través de los cuales la ciudadanía pueda informarse sobre las decisiones, sino que, también incluye la proactividad del Estado para transparentar la información mediante sistemas de comunicación ágiles, comprensibles y accesibles. Esto implica que estos sistemas de transparencia no tienen que ser necesariamente tecnológicos, sino adecuarse a las necesidades y características propias de los sectores que forman parte de la población.
Por su parte, las empresas también deben formar parte de esta cruzada, fomentando espacios de comunicación efectiva con sus principales stakeholders, brindando información oportuna, certera y confiable.
3. Se debe reconocer que el impacto del cambio climático no será igual para todos
Una de las principales preocupaciones de los participantes, específicamente, de las poblaciones indígenas, es que los impactos de daños ambientales y del cambio climático pueden aseverar las desigualdades económicas y sociales, y de respeto de derechos humanos que ahora son evidentes.
No hay duda de que el cambio climático ha llegado y sus efectos se sienten con más fuerza en los países latinoamericanos que son más vulnerables a este suceso. En ese sentido, urge que los Estados en el diseño de políticas públicas y leyes, o en la implementación de medidas para mitigar o adaptarse al cambio climático tomen en cuenta esta realidad, para que las poblaciones más vulnerables se perjudiquen lo menos posible.
Esto implica que los Estados no solo deben ser reactivos, sino fortalecer sus medidas de prevención desde ahora, fomentando la participación de las poblaciones más vulnerables en la formulación de políticas y leyes para escuchar de primera fuente cuáles son sus necesidades y preocupaciones frente al cambio climático. Solo con un conocimiento real de la situación en la que viven se puede tomar mejores decisiones y, por ende, enfrentar mejor al cambio climático.
4. La participación ciudadana es clave para la defensa de derechos ambientales
Desde la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) se participó en un panel en el que pudimos conversar con los asistentes y panelistas respecto a la necesidad de implementación efectiva del derecho a la participación ciudadana en asuntos ambientales en la región, como una medida clave para garantizar el ejercicio efectivo de derechos ambientales.
El derecho de participación ciudadana, específicamente en temas ambientales, exige de muchos esfuerzos a los Estados y a todos los involucrados. En primer lugar, exige un esfuerzo logístico para poder informar y recibir aportes de todos los actores involucrados en un proyecto de inversión, o en el diseño de una política, plan o programa. Por otro lado, exige capacitación de funcionarios públicos para entender la magnitud de la importancia de este derecho, y para poder ejecutar de manera eficiente los mecanismos de participación ciudadana. Finalmente, demanda una capacidad de voluntad política alta y de estricto respeto de los derechos humanos, para considerar el aporte de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones del gobierno.
Foto: Vico Méndez / SPDA
Así, la regulación normativa del derecho a la participación ciudadana, como también la aprobación de reglamentos en Latinoamérica, es solamente un paso para el goce efectivo de ese derecho, debido a que esta regulación debe estar acompañada de financiamiento y capacitación, pero también de una actitud propositiva del Estado y de las empresas, eliminando discursos que estigmatizan y/o criminalizan las voces de los representantes de las poblaciones indígenas o de la sociedad civil organizada. Este tipo de discursos solo amplía la brecha que puede existir y desalienta a la participación de la ciudadanía.
“No más medidas para nosotros sin nosotros”, fue una frase que una representante de las juventudes y niñeces mencionó en la ceremonia inaugural del foro, y cuánta razón tiene. Estas palabras nos deberían llevar a reflexionar cuánto, cuándo y cómo es que los Estados están haciendo para escuchar a todos y todas.
5. Se requiere una transición energética justa, equitativa y sistemática
Otro tema que tomó bastante protagonismo en el foro fue la necesidad de una transición energética en Latinoamérica, pero que no solo sea justa, sino también equitativa y sistemática.
Lo anterior significa que el proceso de transición energética no debe hacerse a espaldas del respeto por los derechos humanos, por lo que se debe poner al centro a las personas, evitando que este proceso de transformación implique la explotación indiscriminada de otros minerales, simplemente cambiando de recurso, pero no de métodos.
Así, este proceso debería ser una nueva oportunidad en la que los Estados y las empresas apliquen los principios rectores de empresas y derechos humanos, así como los procesos de debida diligencia para evitar las vulneraciones que el actual modelo energético ha generado.
De Latinoamérica a Ginebra: ¿Por qué un Tratado vinculante de Empresas y Derechos Humanos es necesario?
Las reflexiones nos llevan a pensar sobre la necesidad que tenemos en Latinoamérica de contar con un tratado vinculante de Empresas y Derechos Humanos, sobre todo en materia ambiental. Durante el foro se recordó el desastre en la presa Mariana en 2015 en Brasil que dejó pérdidas humanas y también pérdida de biodiversidad, vida silvestre, afectación a ríos, entre otros.
En el Perú, tenemos casos de contaminación que también han dejado estragos importantes como el derrame de hidrocarburos en Ventanilla en 2022, o el derrame también de hidrocarburos en Cuninico en el 2014. Es así que, un tratado vinculante se torna necesario ante los altos índices de impunidad en la región Latinoamericana.
Foto: Diego Pérez / SPDA
El Tratado vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos, entre otros, buscaría clarificar y facilitar la implementación efectiva de los Estados para respetar, proteger, cumplir y promover los derechos humanos en un contexto de actividades empresariales, específicamente las transnacionales. Asimismo, buscaría asegurar el respeto y cumplimiento efectivo de las responsabilidades sobre derechos humanos de las empresas. Además, buscaría prevenir el abuso de derechos humanos mediante mecanismos efectivos de monitoreo, cumplimiento y rendición de cuentas.
Actualmente, el borrador del Tratado cuenta con 24 artículos, entre los que destacan los derechos de las víctimas, su protección, la prevención y la reparación. Este borrador se encuentra en discusión aún, y este 15 y 16 de abril se están llevando a cabo las consultas temáticas, específicamente sobre los artículos relacionados con los derechos de las víctimas (artículo 4), la protección de las víctimas (artículo 5) y el acceso a una reparación (artículo 7).
Un tratado de este tipo para la región Latinoamericana, que recibe mucha inversión extranjera, serviría mucho para poder reforzar los mecanismos de acceso a la justicia internos, incorporar nuevas medidas de protección y reparación y, sobre todo, garantizar el respeto a los derechos humanos ambientales.
