Han pasado tres años desde que ocurrió uno de los mayores desastres ambientales de la costa peruana: el derrame de petróleo en el mar peruano por parte de Repsol. Sin embargo, sigue existiendo una demora del Estado peruano en determinar responsabilidades, en implementar medidas correctivas y en aprobar planes de rehabilitación para recuperar las áreas afectadas.
Esta demora de las autoridades se evidencia en los procesos inconclusos que entidades como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem) aún mantienen. Y, al mismo tiempo, en el gran número de personas que espera ser incluida en el proceso de indemnización por haber sido afectada por el derrame de petróleo.
En ese contexto, Isabel Calle, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), aseguró que el retraso en estos procesos imposibilita la ejecución de sanciones y de medidas correctivas: “Después de 3 años del derrame en Ventanilla, resulta preocupante la demora del Estado en atender a las personas afectadas y a los espacios dañados”.
“Es urgente resolver los procedimientos administrativos sancionadores y aprobar los planes de rehabilitación. El no hacerlo puede agravar la situación en la que se encuentran las áreas afectadas”, precisó.
Tras el derrame de petróleo ocurrido en enero del 2022, OEFA abrió 18 procedimientos administrativos sancionadores (PAS) contra Repsol, para determinar su responsabilidad en la información falsa que brindó sobre el volumen del derrame, el área afectada, y por incumplir con la limpieza de playas y patrullajes. Sin embargo, a la fecha, solo en 5 procesos se determinó la responsabilidad, de acuerdo a lo reportado por el OEFA a la SPDA al 19 de diciembre de 2024.
Asimismo, a la fecha, Serfor no ha reiniciado el PAS contra Repsol por la infracción de actuar con crueldad contra 198 especímenes que no murieron tras el derrame en el mar peruano.
Además, Sernanp inició 2 procedimientos contra Repsol por la afectación de dos áreas naturales protegidas: la Reserva Nacional del Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, y Zona Reservada de Ancón. En ambos casos, los plazos de resolución superaron los 2 años.
Por su parte, Minem ha excedido el plazo que tenía inicialmente para aprobar los planes de rehabilitación que presentó Repsol. De acuerdo a la normativa, el Minem tenía solo 30 días hábiles para la evaluación de estos planes, que fueron presentados hasta marzo de 2024. Cabe indicar que los planes de rehabilitación son instrumentos que contienen acciones para recuperar el área afectada.
Lo ocurrido el 15 de enero del 2022 evidencia la importancia de que se puedan implementar medidas urgentes y oportunas para la atención de las emergencias ambientales, que aseguren justicia y reparación para las comunidades afectadas y para el ambiente.
Los derrames de petróleo no son hechos aislados en Perú, sino situaciones que surgen frecuentemente. Desde 1997 a 2023, se han registrado 1462 derrames de hidrocarburos en Perú. Precisamente, el último 21 de diciembre se registró una nueva emergencia ambiental: el derrame en Lobitos (Piura).