Una política pública de largo aliento: el camino hacia la Política Nacional de Pueblos Indígenas u Originarios al 2040
Resumen:
- Perú adopta una histórica política nacional que busca garantizar los derechos colectivos de cerca de seis millones de Indígenas peruanos mediante 141 servicios públicos hacia 2040.
- La política fortalece la seguridad jurídica de las tierras y territorios Indígenas, la participación y consulta previa informada, la protección de los Pueblos en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial y el reconocimiento de los conocimientos tradicionales en el país.
- Su construcción, que duró años, contó con la participación activa de organizaciones Indígenas mediante un proceso de consulta previa y diálogo intercultural.
- Por primera vez, 40 entidades públicas de 19 ministerios trabajarán bajo una hoja de ruta común para lograr una respuesta estatal más articulada y efectiva.
- Su aprobación es solo el primer paso: el principal desafío ahora será convertir sus objetivos en presupuestos, servicios adecuados y resultados concretos en los territorios.
Aprobada mediante el Decreto Supremo N.° 002-2026-MC, esta política establece por primera vez una hoja de ruta nacional y multisectorial para garantizar el ejercicio de los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas u Originarios. Su valor no está únicamente en la aprobación de una norma, sino en la posibilidad de orientar la acción del Estado frente a problemas históricos que requieren respuestas integrales, sostenidas y culturalmente pertinentes.
En términos concretos, la política busca que el Estado responda de manera más ordenada, y articulada a las principales brechas que enfrentan los Pueblos Indígenas u originarios. Esto incluye fortalecer la seguridad jurídica de sus tierras y territorios, garantizar la participación y consulta previa, proteger a los Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento y Contacto Inicial, reconocer sus conocimientos tradicionales, mejorar el acceso a servicios públicos y enfrentar la discriminación étnico-racial y el racismo. Su implementación articula a 40 entidades de 19 ministerios y contempla 141 servicios públicos orientados a que, hacia el 2040, una mayor proporción de personas Indígenas ejerza plenamente sus derechos colectivos.
Foto: Diego Pérez / SPDA
Para las organizaciones Indígenas que impulsaron y participaron activamente en este proceso, la aprobación representa el reconocimiento de años de lucha, diálogo y articulación.
“La aprobación de esta Política es un logro histórico y una conquista de las luchas de los Pueblos Indígenas. Es el resultado de nuestra resistencia y organización, liderada por AIDESEP y acompañada por organizaciones regionales como FENAMAD. Sin embargo, la aprobación es solo el primer paso: la verdadera prueba será que la Política se cumpla y se traduzca en avances concretos en nuestros territorios”, señaló Eusebio Ríos, vicepresidente de FENAMAD.
Así mismo, para la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Tenure Facility y Rights and Resources Initiative (RRI), este hito tiene también un significado especial, pues reafirma el valor de haber acompañado, desde distintos roles y momentos, procesos de largo aliento orientados a fortalecer los derechos colectivos y la institucionalidad Indígena en el país.
Si bien se trata de un proceso liderado por el Estado peruano, las organizaciones Indígenas desempeñaron un papel central en la construcción de la política. AIDESEP articuló las demandas de las bases amazónicas y andinas en los espacios de consulta previa y diálogo intercultural, mientras que sus organizaciones regionales, como FENAMAD, llevaron las prioridades de los territorios, entre ellas la seguridad territorial, la protección de los Pueblos Indígenas en aislamiento y contacto inicial y el reconocimiento de sus derechos colectivos.
La sociedad civil y la cooperación internacional acompañaron esta apuesta y contribuyeron a sostener un proceso cuyos resultados han requerido años de diálogo, articulación y trabajo conjunto.
El camino hacia esta política empezó el 2019 como una apuesta del Ministerio de Cultura, las organizaciones Indígenas y la sociedad civil, desde la SPDA hemos participado en etapas tempranas, acompañando técnicamente espacios vinculados a su formulación y generando espacios de diálogo que permitieron discutir, junto con las organizaciones Indígenas, la problemática que enfrentan los derechos colectivos de los Pueblos.
“Estos procesos no se construyen de un día para otro. Requieren confianza, diálogo, trabajo técnico y una apuesta sostenida por fortalecer la institucionalidad Indígena. La aprobación de esta política demuestra que acompañar procesos de largo plazo sí puede generar cambios concretos para el país”, señaló Silvana Baldovino, directora del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la SPDA.
Foto: Diego Pérez / SPDA
En este recorrido, el apoyo y la articulación con Tenure Facility y Rights and Resources Initiative fueron fundamentales para sostener una agenda compleja, vinculada al fortalecimiento de los derechos colectivos, la seguridad territorial y las capacidades institucionales necesarias para responder a las demandas de los Pueblos Indígenas u Originarios.
“La aprobación de la Política Nacional de Pueblos Indígenas u Originarios es un hito histórico para el Estado, las organizaciones Indígenas y la sociedad civil. Esta Política establece un marco común de objetivos y estrategias que más de 40 entidades estatales seguirán para garantizar los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas, incluyendo la formalización de los territorios comunales. Esto permitirá una acción pública más articulada y efectiva, con un impacto positivo para cerca de 6 millones de Indígenas peruanos. Desde Tenure Facility, mantenemos nuestro compromiso de apoyar esta nueva etapa de implementación en alianza con las organizaciones Indígenas, el Estado, la sociedad civil y nuestros socios de cooperación”, señaló Dhaynee Orbegozo, Oficial de Programas para Perú de Tenure Facility.
La experiencia acumulada a lo largo de estos años, desde los distintos roles asumidos por SPDA, Tenure Facility y RRI, muestra que la protección de los derechos de los Pueblos Indígenas no depende únicamente de normas específicas o procesos aislados. Requiere una combinación de trabajo legal, asistencia técnica, fortalecimiento institucional, articulación con organizaciones Indígenas, comunicación estratégica y cooperación sostenida.
Por eso, la aprobación de esta política no debe entenderse como un punto de llegada, sino como el inicio de una nueva etapa. El verdadero desafío será su implementación: asegurar que sus objetivos se traduzcan en presupuesto, servicios públicos adecuados, coordinación entre sectores y resultados concretos en los territorios.
Como Ríos compartió con nosotros, para las organizaciones Indígenas, la implementación de esta política deberá traducirse en resultados tangibles en los territorios: avances reales en la titulación y protección de las tierras, garantías para los Pueblos Indígenas en aislamiento y contacto inicial, acceso efectivo a servicios públicos y un diálogo permanente con sus organizaciones en cada etapa de ejecución. También esperan que la cooperación internacional continúe acompañando el proceso para contribuir a su sostenibilidad.
En lo inmediato, esto implica pasar de la aprobación normativa a la puesta en marcha de una agenda de implementación: definir prioridades, fortalecer los mecanismos de seguimiento, articular a las entidades responsables y asegurar que los 141 servicios públicos previstos por la política lleguen efectivamente a los Pueblos Indígenas. También será clave mantener espacios de participación con las organizaciones Indígenas, de modo que la implementación responda a las demandas que dieron origen a la política y no se limite a un ejercicio administrativo.
Desde la SPDA, esto supone seguir acompañando el proceso con asistencia técnica, evidencia, articulación y seguimiento, especialmente en temas vinculados a derechos colectivos, seguridad territorial, participación indígena, protección de los PIACI y fortalecimiento institucional. La expectativa es que la PNPI al 2040 se convierta en una herramienta efectiva para ordenar la acción del Estado, cerrar brechas históricas y garantizar que los compromisos asumidos se traduzcan en cambios concretos para los Pueblos Indígenas y sus territorios.
“Desde RRI, vemos la aprobación de esta política como un paso clave para consolidar avances en el reconocimiento de los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas en Perú. Muchos de los problemas que afectan a los territorios Indígenas son sectoriales, por lo que esta política consolida un enfoque integral de actuación con los Ministerios y entidades de la función ejecutiva. Por primera vez se establece que las instituciones del ejecutivo deben trabajar juntas hacia un objetivo común y evitar políticas contradictorias que desincentivan la conservación y la protección de los derechos de los Pueblos Indígenas y originario. Lo más importante ahora es asegurar que la política se cumpla y no se convierta en un gesto meramente emblemático”, señaló Omaira Bolaños, Ex-Directora del Programa de RRI de Latinoamerica, que lideró el proceso en su momento y hoy lidera el Programa de Género en la misma institución.
“Procesos como este demuestran que el trabajo sostenido, la articulación entre actores y el fortalecimiento de la seguridad territorial son fundamentales para lograr cambios estructurales duraderos”
La aprobación de esta política abre también una oportunidad para renovar y fortalecer el trabajo conjunto entre el Estado, las organizaciones Indígenas, la sociedad civil y la cooperación internacional. Desde los distintos roles que cada actor cumple, será clave seguir acompañando su implementación, aportando asistencia técnica, evidencia, articulación y seguimiento para que esta hoja de ruta se traduzca en avances concretos para los Pueblos Indígenas u originarios. Para la SPDA, Tenure Facility y RRI, este hito reafirma la importancia de continuar colaborando en procesos de largo plazo que fortalezcan derechos, territorios e institucionalidad en el Perú.
Foto: Diego Pérez / SPDA
