Reseña
Los recursos que provienen del sector extractivo, principalmente el minero e hidrocarburos, han mostrado un crecimiento importante como inesperado. Por ejemplo, solo en el 2007 el sector de la minería e hidrocarburos representó el 35% de los tributos internos recaudados por la SUNAT, el 55% de impuesto a la renta y el 70% del valor total de nuestras exportaciones. Este panorama fue muy distinto al que se registró en el año 2000, donde el sector de la minería e hidrocarburos representó el 13% de los tributos internos, el 12% de impuesto a la renta y el 50% del valor total de nuestras exportaciones.
También hay que agregar que por ley, el Gobierno Central distribuye parte de lo recaudado al sector, bajo el sistema del canon, y estos recursos representaron entre los años 2006 al 2009, poco mas de US$ 5.000 millones de recursos para inversiones de las municipalidades y gobiernos regionales, estimándose que para el 2010 estos recursos alcancen los US$ 1.700 millones. A esta bonanza de recursos se le conoce como el «boom extractivo». Este escenario ha ocasionado una dependencia por la transferencia de estos recursos. De acuerdo al Boletín de Transparencia Fiscal, las transferencias por canon minero a las municipalidades en el 2000 representaban el 3% del total de transferencias realizadas por el gobierno central. Este porcentaje se elevó en el 2009 a 44%, e incluso en muchas municipalidades de Ancash, Moquegua, Tacna o Piura, este porcentaje está por encima del 70%.
Sin embargo, a la par de dichas cifras económicas, también mencionamos que se suscitaron una serie de conflictos relacionados con la actividad extractiva. Los diversos reportes de la Defensoría del Pueblo dan cuenta de que casi la mitad de los conflictos se explican por la presencia de la actividad extractiva en la zona. A los reclamos por el impacto al medio ambiente que tiene el sector en las regiones se le suma no sólo la poca transparencia que existe, sino además los casi nulos espacios de participación. Distintas iniciativas por aumentar la transparencia e incrementar la participación chocan con el ímpetu de los continuos gobiernos, de Fujimori hasta García, que prefieren velar por la llegada de inversiones que les asegure a futuro importantes recursos fiscales.